Adrián Villar ha sido objeto de una decisión judicial que lo lleva a cumplir con nueve meses de prisión preventiva, dictada por el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, bajo la dirección del juez Adolfo Farfán. Este joven enfrenta cargos graves, entre los que se incluyen homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras el trágico atropello de Lizeth Marzano el 17 de febrero en San Isidro.

A pesar de que Villar ha sido trasladado al centro penitenciario Ancón II, su permanencia en este lugar es, en principio, temporal. La selección del penal donde cumplirá su prisión preventiva dependerá de un proceso de evaluación técnica que se llevará a cabo en las próximas 24 horas. Este procedimiento se rige por la Directiva N° 006-2023-INPE-DTP, que establece que toda persona privada de libertad debe ser sometida a una valoración antes de ser asignada a un lugar específico de reclusión.

Una vez que Villar ingrese a Ancón II, deberá atravesar varias etapas antes de ser evaluado por la Junta de Clasificación del INPE, compuesta por un equipo multidisciplinario. Esta junta tiene la responsabilidad de determinar el penal definitivo para el interno, basándose en criterios técnicos que consideran factores como la gravedad de los delitos imputados y el riesgo procesal. La resolución sobre su clasificación se dará a conocer el viernes 6 de marzo a través de los canales oficiales del INPE. La prisión preventiva de Villar se extiende hasta el 25 de noviembre, sustentada en elementos que indican un alto riesgo de fuga y bajo arraigo familiar y laboral, así como en la proyección de una pena que podría alcanzar hasta ocho años de cárcel.