El gobierno de Uruguay, liderado por Yamandú Orsi, ha iniciado un proceso de diálogo social para abordar la reforma del sistema previsional del país. Este espacio busca integrar las voces de diversos sectores para generar propuestas que respondan a las necesidades actuales de la población. Sin embargo, recientemente han surgido dos propuestas significativas que han generado controversia tanto en el ámbito empresarial como en la oposición política, planteando interrogantes sobre su viabilidad y sus implicancias fiscales a largo plazo.

Las propuestas en cuestión incluyen la posibilidad de jubilación anticipada a los 60 años, cuando la edad mínima actual es de 65, así como modificaciones a la estructura de los fondos de pensiones privados conocidos como AFAP. Estas iniciativas, que podrían transformarse en proyectos de ley, han sido objeto de un análisis exhaustivo por parte de la consultora CPA Ferrere, que ha advertido sobre las “implicancias económicas y riesgos fiscales” que podrían derivarse de su implementación. La relevancia de este estudio se ve incrementada por el hecho de que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, formó parte de esta consultora hasta poco antes de la campaña electoral de 2024.

A partir de 2027, se proyecta un incremento en el gasto público, lo que podría ejercer una presión significativa sobre un escenario fiscal que ya presenta limitaciones. CPA Ferrere ha señalado que no se han presentado estimaciones claras sobre el impacto que tendrán las políticas de “combate a la pobreza y protección a la infancia”, lo que genera aún más inquietud en un contexto donde se teme el incumplimiento de las metas fiscales establecidas para 2026, debido a un crecimiento del PIB inferior al previsto. La falta de claridad en estos aspectos podría comprometer aún más la estabilidad económica del país.

Además, la consultora advierte que la implementación de estas reformas podría incrementar el “riesgo país” de Uruguay, con potenciales consecuencias negativas para la calificación crediticia del país. Este escenario se traduciría en un aumento en el costo del servicio de la deuda, que podría ascender a 270 millones de dólares, lo que añade un nuevo nivel de complejidad a la situación económica del país. La forma en que el gobierno comunique y justifique su decisión sobre el retiro anticipado se vuelve, por lo tanto, fundamental para mitigar estos riesgos.

Cabe recordar que durante la administración de Luis Lacalle Pou, se estableció un aumento en la edad de jubilación hasta los 65 años. Las nuevas propuestas mantienen este esquema, pero introducen un mecanismo que permitiría a un tercio de la población con menores ingresos acceder a la jubilación cinco años antes. Este cambio busca ofrecer un alivio a los sectores más vulnerables, aunque su efectividad dependerá de la implementación de tasas de reemplazo que incentiven la permanencia en el mercado laboral.

Por otro lado, el análisis de CPA Ferrere también expone preocupaciones sobre la reestructuración de las AFAP. En Uruguay, existen cuatro AFAP que operan bajo un sistema de ahorro individual, siendo República AFAP la de mayor participación en el mercado, con accionistas estatales. Las otras tres son de carácter privado: Itaú AFAP, AFAP Sura e Integración AFAP. La propuesta del Diálogo Social sugiere que estos fondos recibirán las contribuciones de los trabajadores y determinarán dónde invertir, pero dejarán de interactuar con los clientes para que elijan su AFAP, lo que podría desdibujar el papel comercial de estas instituciones.

En resumen, las reformas que se están considerando en Uruguay no solo buscan una modernización del sistema previsional, sino que también plantean serios desafíos fiscales. Con el análisis de CPA Ferrere como telón de fondo, es evidente que el camino hacia una reforma sostenible requerirá un enfoque cuidadoso y bien fundamentado que considere tanto las necesidades de la población como las limitaciones económicas del país. El futuro del sistema previsional uruguayo dependerá de la capacidad del gobierno para equilibrar estos factores en un contexto de creciente incertidumbre económica.