El Gobierno argentino ha implementado recientemente la regulación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un esfuerzo legislativo que busca fomentar el empleo formal en el ámbito privado. Este régimen forma parte de la Ley N° 27.802, aprobada en marzo de este año, y su puesta en marcha fue oficializada a través del Decreto 315/2026, que se publicó en el Boletín Oficial. Con esta iniciativa, el Ejecutivo espera estimular la creación de puestos de trabajo y propiciar un entorno más favorable para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
La reglamentación del RIFL establece una serie de pautas que deben seguir los empleadores que deseen beneficiarse de esta medida. Entre los aspectos más relevantes se encuentran las condiciones de acceso, los procedimientos administrativos a seguir y los beneficios que se otorgarán a quienes se adhieran al régimen. De este modo, el decreto detalla los requisitos específicos, los plazos para su aplicación y las condiciones que permitirán las reducciones en las contribuciones patronales, que constituyen un alivio significativo para las pymes.
Los empleadores interesados en aprovechar este régimen deberán registrar a sus nuevos empleados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) durante un período que va desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 30 de abril de 2027. Solo en este intervalo se podrá acceder a los beneficios que propone el RIFL, lo que significa que las empresas deberán actuar con rapidez y eficiencia para ajustar su plantilla laboral a las nuevas normativas. Una de las limitaciones relevantes es que si las contrataciones son realizadas después del 10 de diciembre de 2025, las empresas solo podrán incluir hasta el 80% de su plantilla en este nuevo régimen, mientras que las contrataciones previas no sufrirán restricciones.
En cuanto a los trabajadores que se podrán incorporar bajo el RIFL, la reglamentación contempla diversas categorías. Podrán acceder quienes no cuenten con empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, aquellos que hayan estado desempleados por al menos seis meses antes de su contratación, así como monotributistas y empleados del sector público. Es importante destacar que, a pesar de que los trabajadores pueden tener ingresos de otras actividades, ya sea en el régimen general o en el simplificado, no perderán los beneficios otorgados por el RIFL.
Uno de los principales atractivos de este régimen es la sustancial reducción de las contribuciones patronales, que tradicionalmente oscilan entre el 18% y el 20,4% de acuerdo con el tipo de empresa. Con la implementación del RIFL, todas las empresas deberán tributar solo un 5% durante los primeros 48 meses de la relación laboral. De este porcentaje, el 2% estará destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, mientras que el 3% restante irá al subsistema del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), según lo estipula la ley.
Sin embargo, aún queda por definir cómo será el procedimiento específico para la alta de los nuevos empleados bajo el RIFL, un aspecto crucial para la correcta implementación del régimen. Además, se establece que no podrán ser incluidos aquellos trabajadores que hayan estado vinculados a la misma empresa y se hayan desvinculado en los últimos doce meses, lo que busca evitar abusos y fomentar la rotación laboral positiva.
Finalmente, el decreto mantiene los aportes adicionales requeridos para ciertos sectores, como el petrolero y el eléctrico, que seguirán obligados a abonar un 2% extra en sus contribuciones. También se ha confirmado que la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) será obligatoria, con un 1% para grandes empresas y un 2,5% para las pymes. Este fondo, que comenzará a regir el 1 de junio, podrá implementar un aplazamiento de hasta 180 días, lo que le da un respiro a las empresas en su adaptación a la nueva normativa. Para los trabajadores dados de alta bajo el RIFL, el aporte al FAL también estará en consideración, lo que añade una capa adicional de complejidad a la gestión de recursos humanos en el contexto actual de la economía argentina.
