En el complejo escenario político de Libia, se han dibujado dos caminos divergentes para abordar la crisis que ha mantenido al país dividido desde 2014. Por un lado, Estados Unidos, a través de su asesor para África, Massad Boulos, sostiene que la unificación de las instituciones debe ser el primer paso antes de cualquier elección. Por otro lado, la ONU, con su hoja de ruta presentada en agosto, propone un enfoque que prioriza la realización de elecciones como medio para alcanzar la unificación. Este desajuste en las estrategias refleja no solo diferencias tácticas, sino también una comprensión distinta de la realidad política y social del país.

La propuesta estadounidense, que surgió hace aproximadamente un mes, busca consolidar las instituciones existentes antes de llevar a cabo comicios, argumentando que este orden es esencial para garantizar el éxito de futuras elecciones. Sin embargo, la visión de la ONU se centra en la urgencia de llevar a cabo elecciones para facilitar un gobierno unificado, un objetivo que ha sido recibido con entusiasmo por múltiples actores políticos y sociales, aunque su implementación ha enfrentado obstáculos significativos. En este contexto, se hace evidente que la falta de consenso entre las potencias externas refleja una profunda fragmentación interna en Libia.

Históricamente, varios intentos de reconciliación y unificación han sido impulsados por distintos actores internacionales, pero ninguno ha logrado materializarse. Las razones son variadas, incluyendo la resistencia de figuras de poder en ambos bandos, quienes han encontrado en la división una forma de consolidar y perpetuar su influencia. La percepción de que tanto el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), Abdelhamid Dbeiba, como el mariscal Jalifa Haftar, quien controla el este del país, están cómodos con el statu quo es cada vez más evidente. Ambos líderes temen que un proceso de unificación pueda desestabilizar su control sobre las áreas que gobiernan.

La propuesta de unificar el poder en una sola administración, que incluiría a Saddam Haftar, hijo del mariscal, como líder del Consejo Presidencial y al propio Dbeiba como primer ministro y ministro de Defensa, ha generado una ola de rechazo. Este planteo ha sido criticado por diversas facciones políticas y militares, así como por el Consejo Presidencial y el Alto Consejo de Estado, que actúa como un órgano consultivo en el sistema político libio. La resistencia a esta idea no se limita a los detractores de Haftar y Dbeiba, sino que también proviene de sectores que, aunque podrían beneficiarse de una repartición de poder, temen que cualquier acuerdo sea efímero y susceptible a ser revocado por una futura elección.

La hoja de ruta presentada por la ONU, que sugiere un marco para la celebración de elecciones en un plazo de 18 meses, fue inicialmente bien recibida por las instituciones libias y los actores políticos. La propuesta se basaba en un enfoque dialogante que incluía a la sociedad civil y a grupos históricamente marginados. Sin embargo, con el paso del tiempo, la falta de avances concretos ha generado frustración y desconfianza entre los actores involucrados, llevando a un estancamiento que ha hecho que el consenso inicial se disuelva.

En resumen, la confrontación entre las estrategias de Estados Unidos y la ONU para abordar la crisis en Libia pone de manifiesto no solo las diferencias en enfoques diplomáticos, sino también la complejidad de la realidad interna del país. Mientras la comunidad internacional busca una solución, los líderes libios continúan aferrándose a sus territorios y poderes, lo que complica aún más cualquier intento de reconciliación y unificación. La situación actual deja entrever que, sin un cambio significativo en la dinámica de poder, las posibilidades de un futuro estable y pacífico en Libia siguen siendo inciertas.