El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia debido a gastos exorbitantes relacionados con su propiedad en el barrio de Caballito, en Buenos Aires. Recientemente se reveló que Adorni desembolsó 14 millones de pesos en la adquisición de muebles para su departamento, lo que ha suscitado un amplio debate sobre la transparencia en la gestión pública y la legalidad de sus transacciones.
La investigación ha sido impulsada por fuentes judiciales que han identificado al contratista Matías Tobar como el encargado de realizar las obras de mobiliario en la vivienda de Adorni. Tobar, quien ya había trabajado en el country Indio Cua, fue contratado para la fabricación de muebles a medida, lo que incluye una variedad de piezas como una mesa de comedor de madera y mármol, mesas auxiliares y otros elementos decorativos. Estos detalles han sido documentados en el expediente judicial que se encuentra en curso.
Uno de los aspectos más preocupantes de este caso es que, según las mismas fuentes, el pago por estos muebles se realizó a principios de este año de manera efectiva y sin la correspondiente factura. Esta irregularidad ha llamado la atención de los investigadores, quienes ahora están adentrándose en un análisis más profundo de las finanzas de Adorni, que ya enfrenta otras acusaciones de irregularidades en su patrimonio.
El juez federal Ariel Lijo ha tomado medidas recientes al levantar el secreto fiscal de Adorni y su esposa ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA). Esta acción es parte de una investigación más amplia que busca esclarecer la evolución patrimonial del funcionario. En particular, se está solicitando información sobre su propiedad en el country Indio Cua Golf Club, con énfasis en el Impuesto Inmobiliario relacionado, lo que podría arrojar luz sobre la situación financiera del jefe de Gabinete.
Además, el fiscal ha pedido un desglose exhaustivo de los pagos realizados desde enero de 2022 hasta la actualidad. Esto incluye detalles sobre fechas, montos y formas de pago, así como una evaluación fiscal del inmueble durante ese periodo. También se busca información sobre posibles deudas e intereses acumulados, lo que podría tener un impacto considerable en la situación legal de Adorni.
En medio de esta situación, Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que financiaron la compra del departamento, ha declarado como testigo en el proceso. Miano reveló que la operación de compra incluyó un pago adicional de 65.000 dólares, que no fue registrado oficialmente. Este elemento añade otra capa de complejidad a la ya complicada situación de Adorni, quien ahora enfrenta cuestionamientos sobre la legalidad de sus transacciones y su capacidad para manejar su patrimonio de manera ética y transparente.
El testimonio de Miano refuerza lo que ya había declarado Pablo Martín Feijóo, hijo de otra de las prestamistas, quien también mencionó que el pago adicional fue acordado para cubrir diversos gastos relacionados con la operación de compra. Este tipo de revelaciones plantea serias dudas sobre la integridad de Adorni y su administración pública, en un contexto donde se exige mayor transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios del gobierno.
