Las provincias patagónicas están enfrentando un renovado clima de conflicto en el sector educativo, impulsado por la creciente insatisfacción de los docentes que exigen mejoras salariales. En esta ocasión, las protestas han tomado fuerza en Río Negro y Santa Cruz, donde los gremios han convocado a paros y movilizaciones en diferentes localidades. En Chubut, la situación es tensa, ya que los representantes del sector intentan cerrar acuerdos paritarios en medio de un marco de conciliación obligatoria.
En Río Negro, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) ha organizado una huelga de 48 horas, programada para los días 5 y 6 de mayo. Las consignas que resuenan en las calles son claras y contundentes: "Por salario digno, por condiciones laborales justas, por la escuela pública". Desde el gremio, se ha informado que la adhesión a esta medida fue del 70% en la primera jornada, mientras que los docentes han expresado su descontento por lo que consideran una respuesta insuficiente del gobierno provincial.
"La única reacción del gobierno ante una movilización pacífica ha sido la represión. A la falta de diálogo se suma la presencia policial, que no hace más que aumentar la tensión", manifestaron los representantes de UNTER. Durante las manifestaciones, los docentes se movilizaron hacia el puente que conecta Cipolletti con Neuquén, donde se registraron incidentes con la policía, que intentó dispersar a los manifestantes.
El gremio ha calificado como "gravísimo" el uso de gases lacrimógenos contra los docentes que se manifestaban pacíficamente, acusando al gobierno de intentar amedrentar y criminalizar la protesta social. "El uso del 'protocolo antipiquetes' busca legitimar acciones que son inaceptables, atacando a trabajadores que luchan por sus derechos", se enfatizó en un comunicado oficial de la organización.
Desde la administración provincial, el gobernador Alberto Weretilneck ha respondido a las críticas señalando que la asistencia a las escuelas durante el paro fue significativa. En sus redes sociales, argumentó que el 72% de los docentes se presentó a trabajar, lo que contrasta con las cifras proporcionadas por el gremio. La gestión de Weretilneck también defendió que los salarios de los docentes rionegrinos se ajustan a la inflación y que, en los últimos dos años, han superado ampliamente el aumento de precios.
La controversia en torno a la situación salarial de los docentes se encuentra en el centro del debate. Actualmente, los sindicatos están exigiendo la reapertura de paritarias y demandan que el salario mínimo alcance los 2.000.000 de pesos. La tensión entre los gremios y el gobierno provincial parece no tener fin, y las calles de las provincias patagónicas se preparan para más jornadas de protestas si no se logra una solución que satisfaga las demandas de los trabajadores de la educación.
