Las agencias de calificación de riesgo han decidido no modificar las notas de los bonos emitidos por las provincias argentinas, a pesar del reciente aumento en la evaluación de los bonos del Gobierno nacional. Esta decisión se debe a que algunas jurisdicciones subnacionales ya habían logrado una recategorización durante el año pasado, mientras que otras que se encuentran en una situación más complicada no han experimentado cambios significativos en su calificación. Así lo expresó Diego Estrada, economista de Fitch, en un encuentro reciente que abordó el contexto de las finanzas provinciales en el país.
Estrada destacó que en el ámbito subnacional se han comenzado a notar mejoras en el entorno operativo que precedieron a la subida de la calificación crediticia del Estado nacional. Este cambio se produjo a raíz de la reapertura del mercado de capitales a mediados de 2025, evento que permitió a varias provincias replantear su estrategia de gestión financiera. Sin embargo, a pesar de estas mejoras, el economista subrayó que los desafíos que enfrentan muchas provincias continúan siendo importantes y complejos.
Las modificaciones recientes en la política económica, bajo la administración de Javier Milei, han introducido un cambio notable en la manera en que las provincias manejan sus deudas. En particular, se ha observado que, por primera vez, las deudas provinciales no se están pagando en efectivo, sino que se están llevando a cabo refinanciaciones. Este giro en la gestión ha permitido que algunas provincias logren mejoras en sus calificaciones crediticias, incluso en el ámbito internacional, lo que podría facilitar su acceso a financiamiento en el futuro.
Estrada también mencionó que, a medida que se inicia la apertura de los mercados internacionales, algunas provincias están comenzando a realizar operaciones que les permiten financiar sus gastos de capital. Estas iniciativas están orientadas principalmente a los sectores más dinámicos de la economía, lo que podría contribuir a fortalecer la estructura de ingresos de las entidades provinciales a largo plazo. Sin embargo, el economista advirtió que el camino hacia la recuperación y estabilidad fiscal es aún incierto y que no todas las provincias se encuentran en la misma situación.
Un elemento clave a considerar es que antes de que el Gobierno Nacional implementara el proceso de desregulación y apertura de los mercados, muchas provincias enfrentaban serias dificultades para emitir nuevos bonos. Por ejemplo, Córdoba tuvo que recurrir a la Corte Suprema para obtener los dólares necesarios para el pago de un vencimiento en 2023, lo que ilustra las tensiones existentes en el sistema financiero provincial. En este contexto, las provincias productoras de petróleo, como Neuquén, han logrado beneficiarse de la eliminación del "barril criollo" y han podido cobrar regalías más elevadas gracias al incremento de los precios del crudo a nivel global.
A pesar de algunos avances en ciertas jurisdicciones, la mayoría de las provincias ha perdido el superávit fiscal que habían alcanzado en 2024. Esta pérdida se ha producido en gran medida debido a los recortes drásticos en los envíos de fondos desde la Nación, tanto en transferencias discrecionales como en coparticipación, afectando gravemente la recaudación de impuestos. El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre 23 provincias revela que, si bien algunas han sabido adaptarse al nuevo entorno, otras enfrentan desafíos que las relegan a una situación de estancamiento, dependiendo de ayudas fiscales que son cada vez más escasas.
