En el marco de una investigación que involucra al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita se encuentra revisando un conjunto de conversaciones y fotografías extraídas del teléfono móvil de Matías Tabar, el contratista responsable de las reformas en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá. Según informes obtenidos de la causa, estas comunicaciones incluyen intercambios entre Tabar y Gisela Kocsis, la secretaria de Adorni, relacionados con compras que podrían haber estado destinadas a la mencionada propiedad.

Los elementos que han surgido a la luz en las últimas semanas revelan que Kocsis enviaba a Tabar imágenes de diversos electrodomésticos y artículos para el hogar, lo que ha despertado suspicacias sobre el verdadero uso de esos productos. Los investigadores intentan aclarar si la secretaria actuaba únicamente como intermediaria en las transacciones o si su nombre se utilizó para justificar gastos que deberían ser asumidos directamente por Adorni. Esta cuestión es clave para determinar la naturaleza de la relación entre el funcionario y el contratista, así como la posible implicación de Kocsis en el manejo de recursos públicos.

El análisis de las comunicaciones entre Kocsis y Tabar se ha vuelto esencial, especialmente tras el descubrimiento de una factura que supera los 8 millones de pesos, emitida por una reconocida firma de artículos para el hogar y cuyo destinatario es Gisela Kocsis. Esta información ha llevado a los investigadores a profundizar en el perfil de Kocsis, quien se desempeñaba como secretaria privada en el área de Comunicación del Estado en el año 2025, durante la gestión de Adorni. La magnitud de los gastos reflejados en la factura ha llamado la atención de la Justicia, que busca esclarecer cómo se justificaron y quiénes fueron los beneficiarios de dichos artículos.

Del mismo modo, la investigación se centra en determinar el destino final de los productos adquiridos y si estos realmente llegaron a la vivienda de Adorni. Fuentes judiciales han indicado que la secretaria no ha sido convocada a declarar hasta el momento, aunque su posible testimonio podría ser crucial para esclarecer la situación. La fiscalía está tratando de establecer un hilo conductor que permita entender si Kocsis operó como una simple intermediaria o si se vio envuelta en un esquema más complejo que involucra la utilización de fondos públicos para fines personales.

La factura que ha generado más interés corresponde a una compra realizada en junio de 2025, y la Justicia ha solicitado información adicional al comercio para verificar aspectos como la modalidad de pago y la veracidad de los productos adquiridos. En paralelo a estos hallazgos, Pollicita ha impulsado otras medidas para rastrear el flujo de fondos destinados a las reformas de la casa de Indio Cuá, lo que sugiere que el alcance de la investigación podría ampliarse.

Hasta ahora, Tabar ha colaborado con la Justicia, presentando documentación que incluye facturas, remitos y presupuestos, además de capturas de pantalla de las conversaciones sostenidas con Kocsis. En sus declaraciones, el contratista ha afirmado que el costo total de las reformas ascendió a aproximadamente 245.000 dólares, y ha admitido que parte de los pagos fueron realizados en efectivo. Este contexto ha llevado a los investigadores a cuestionar la transparencia de las transacciones y la legitimidad de los fondos utilizados en las obras.

Con la inclusión de los nuevos chats en el expediente, la Fiscalía busca identificar otras posibles compras relacionadas con la vivienda que no hayan sido previamente documentadas. La información extraída del teléfono de Tabar se ha convertido en una de las pruebas clave en este caso, que continúa desarrollándose y que pone en la mira el patrimonio del funcionario y su entorno. A medida que avanza la pesquisa, se espera que surjan más detalles que profundicen la investigación sobre el uso de recursos públicos y la posible corrupción en la administración de Adorni.