La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ha ratificado el decomiso de bienes pertenecientes a la expresidenta Cristina Fernández, en el marco de la causa conocida como 'Vialidad'. Esta decisión se produce en un momento clave, ya que Fernández, quien ocupó el cargo de presidente entre 2007 y 2015, se encuentra cumpliendo una condena de seis años de prisión en su domicilio debido a la administración fraudulenta que se investiga. La medida busca recuperar activos que, según la justicia, fueron obtenidos de manera ilícita y que causaron un perjuicio al Estado argentino.
El fallo de la Cámara, emitido el pasado viernes, respalda la resolución del Tribunal Oral Federal 2, que en noviembre de 2025 había dispuesto el decomiso de bienes por un valor cercano a 685.000 millones de pesos, cifra que equivale a aproximadamente 480 millones de dólares. Este monto se considera una estimación del daño que las acciones delictivas de Fernández y su entorno causaron a las arcas públicas. La justicia ha determinado que este decomiso no solo afecta a la expresidenta, sino también a su familia y a Lázaro Báez, empresario también condenado en este caso.
En una primera fase, se procederá al decomiso de alrededor de 20 propiedades directamente relacionadas con la exmandataria y su familia. Por otro lado, más de 80 bienes corresponden a Báez y a empresas que han sido señaladas durante la investigación. Los jueces han desestimado los planteamientos de las defensas que intentaban frenar esta medida, argumentando que los criterios utilizados para identificar los activos son sólidos y están fundamentados en las condenas ya firmes en este caso.
Además, el tribunal subrayó que el principal objetivo de esta acción es recuperar los activos vinculados a actos de corrupción, evitando que los beneficios derivados de delitos permanezcan en manos de los condenados. Este enfoque busca también enviar un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción en el país, resaltando la importancia de restituir al Estado lo que le fue robado. La resolución establece que el decomiso puede extenderse a bienes que hayan sido transferidos a terceros, incluidos aquellos que se hayan recibido por herencia, sosteniendo que el origen ilícito de los activos no se ve alterado por tales transacciones.
Sin embargo, el fallo no fue unánime. El juez Mariano Borinsky presentó una disidencia parcial, señalando que en ciertos casos no se tomó en cuenta adecuadamente los argumentos de las defensas sobre los bienes heredados por los hijos de Fernández. Esta disidencia añade un matiz importante al debate sobre la justicia y el manejo de los bienes en situaciones de corrupción, sugiriendo la necesidad de un análisis más detallado en casos que involucran a familiares de condenados.
La causa 'Vialidad' ha sido uno de los casos más significativos en la historia reciente de la justicia argentina, abordando irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz. La condena de Fernández, dictada en diciembre de 2022, fue confirmada en junio de 2025 por la Corte Suprema, lo que permitió la ejecución de la pena y de las medidas económicas asociadas. Este proceso ha marcado un hito en la lucha contra la corrupción en el país, evidenciando la necesidad de una justicia efectiva y transparente que recupere lo que corresponde al Estado.
