La reforma laboral en Argentina enfrenta su primer revés judicial tras la decisión del juez Ricardo Gileta, quien declaró inconstitucional el artículo 55. Este artículo se refiere a la forma en que se actualizan las deudas en juicios laborales y permite una reducción de entre el 20% y el 60% del monto que recibiría un trabajador, en comparación con los criterios aplicados anteriormente en diversos tribunales.
El artículo 55 establece un mecanismo de actualización que utiliza los intereses del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero limita el ajuste a la inflación más un 3% anual, además de fijar un mínimo del 67% de dicho cálculo. El juez Gileta argumentó que este método de actualización es inapropiado y desvirtúa el principio de igualdad ante la ley, al diferenciar entre juicios que ya estaban en curso y aquellos que se inician después de la sanción de la norma.
En su fallo, Gileta determinó que el capital de las deudas laborales debe ser recalculado según lo estipulado en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece un ajuste basado en la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y añade un 3% mensual desde el momento de la mora hasta el pago efectivo. Con esta resolución, se busca restablecer la equidad en el tratamiento de los créditos laborales, garantizando un ajuste más favorable para los trabajadores.
