La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) reclamó este lunes la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, tras su imputación en el caso Leire Díez por presuntos delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación. La entidad sostuvo que su continuidad en el cargo resulta “incompatible” con esa situación y también pidió la salida de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.
Según los datos difundidos por Jucil, durante 2025 se iniciaron expedientes disciplinarios contra 1.014 guardias civiles. De ese total, 185 procedimientos fueron calificados como muy graves. Como resultado de esas actuaciones, 64 agentes fueron suspendidos de empleo y seis fueron separados del servicio.
La asociación consideró que esas cifras evidencian “el elevado nivel de exigencia disciplinaria al que están sometidos los guardias civiles durante el ejercicio de sus funciones”. En ese marco, cuestionó que se mantenga en su puesto a un alto mando alcanzado por una investigación penal y extendió su reclamo a la conducción política de la institución.
Jucil también recordó que el artículo 92 de la Ley de Personal de la Guardia Civil contempla la suspensión de funciones como medida cautelar cuando un agente queda sometido a un procedimiento penal o disciplinario por hechos de especial gravedad. La norma establece que esa medida puede aplicarse cuando sea necesaria para garantizar el servicio, proteger la imagen de la institución o evitar perjuicios para el interés público.
