El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, ha presentado un nuevo proyecto en la Legislatura que busca regularizar las obras y construcciones que actualmente no cumplen con las normativas establecidas en el Código Urbanístico y el Código de Edificación. Esta iniciativa se enmarca en un contexto donde la moratoria anterior permitió a muchos porteños aliviar su carga tributaria, y ahora se propone abordar las irregularidades en el sector de la construcción. A través de esta propuesta, se busca establecer un Régimen Especial que permita a los propietarios de edificaciones no declaradas regularizar su situación, siempre y cuando estas construcciones hayan sido realizadas antes del 1 de abril de 2026.

El proyecto, que fue ingresado el martes pasado en el Palacio de la Legislatura, tiene como objetivo primordial facilitar la regularización de las obras que se han llevado a cabo sin la correspondiente habilitación. De acuerdo a lo informado por el Gobierno de la Ciudad, la iniciativa será válida por un año desde su publicación en el Boletín Oficial, con la posibilidad de prorrogarse por un período similar. Este esfuerzo busca “sanear el mercado inmobiliario” sin otorgar privilegios ni crear inequidades entre los ciudadanos, tal como se detalla en el texto legislativo.

Sin embargo, la adhesión a este régimen no implica la exoneración de obligaciones ni se considera una “amnistía gratuita”, según lo expresado por las autoridades de la Ciudad. En cambio, se trata de un proceso de normalización que requerirá el pago de derechos y recargos, además de no excluir la aplicación de posibles sanciones conforme al Régimen de Faltas de la Ciudad. Es relevante destacar que este régimen abarca construcciones que no superen los 5.000 metros cuadrados, lo que permitirá una regularización más amplia y accesible para muchos propietarios.

En Buenos Aires, existen dos tipos de habilitaciones para obras: el Aviso de Obra, que se utiliza para trabajos menores que no modifican la estructura del inmueble, y el Permiso de Obra, que se requiere para intervenciones más significativas que puedan alterar la infraestructura original. El proyecto de Macri apunta a aquellas personas que, a causa del desarrollo inmobiliario acelerado o del desconocimiento de las normativas vigentes, han realizado obras sin cumplir con los requisitos legales establecidos por el Gobierno de la Ciudad.

Este no es un fenómeno nuevo en la gestión del macrismo, ya que en 2022 se sancionó una legislación similar que buscaba regularizar construcciones en infracción. En aquel momento, se estimaba que había alrededor de 5.600 edificaciones sin habilitación en la ciudad. En esta ocasión, aunque no se han presentado cifras oficiales, se ha reportado un aumento de casos donde propietarios tienen dificultades para acceder a créditos para refacciones o hipotecas debido a irregularidades previas en sus propiedades.

Los nuevos propietarios a menudo se encuentran con la sorpresa de que el propietario anterior realizó modificaciones sin la debida autorización del Gobierno de la Ciudad, lo que les impide avanzar con sus proyectos. Asimismo, aquellos que se atreven a iniciar obras menores sin la habilitación pertinente pueden enfrentar clausuras tras denuncias vecinales, lo que acentúa la necesidad de regularización y de una solución a estas problemáticas en el ámbito de la construcción.