La controversia en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha tomado un nuevo giro tras las declaraciones realizadas por los responsables de la inmobiliaria que facilitó la compra de un departamento en Caballito. Este lunes, tanto la martillera Natalia Rucci como su esposo, Marcelo Trimarchi, comparecieron ante la Justicia y afirmaron que el valor real de la propiedad era considerablemente mayor al que fue declarado en la transacción. La situación se enmarca en una investigación más amplia que busca esclarecer un posible enriquecimiento ilícito.
Según la información proporcionada por Rucci y Trimarchi, el departamento en cuestión había sido inicialmente ofrecido por un monto de 340.000 dólares, lo que implica una diferencia de 110.000 dólares respecto a los 230.000 dólares que se registraron oficialmente en el proceso de compraventa. Este hecho plantea interrogantes sobre la transparencia de la operación y la correcta declaración de los valores, especialmente considerando que el inmueble había sido sometido a remodelaciones significativas que justificaban un aumento en su valor de mercado.
Además, Rucci destacó la inusual modalidad de pago acordada, que consistía en 12 cuotas sin interés, un esquema que no es común en el sector inmobiliario. Esta particularidad añade un nuevo elemento a la trama, sugiriendo que podría haber motivos ocultos detrás de la transacción. La martillera también aclaró que no participó en la hipoteca relacionada con la compra, lo cual podría tener implicaciones en la investigación.
La investigación detalla que Pablo Feijoo, hijo de una de las mujeres implicadas en la operación, actuó como intermediario entre las partes involucradas: su madre, otra jubilada y Adorni. Se alega que Feijoo coordinó la operación que culminó con la escrituración del departamento por 230.000 dólares, un monto que, según los testimonios, no refleja el verdadero valor del inmueble. La modalidad de pago incluyó 30.000 dólares en efectivo, mientras que los 200.000 dólares restantes se financiarían en cuotas sin interés, con un vencimiento previsto para noviembre de este año.
Feijoo está convocado a presentarse el 22 de noviembre en los tribunales de Comodoro Py, donde deberá comparecer ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lidera la investigación. En esta ocasión, se le solicitará que entregue su teléfono celular y la documentación relacionada con la propiedad y la operación, lo que podría resultar crucial para esclarecer los detalles de la transacción.
La ronda de declaraciones continuará con otros implicados en el caso. Este viernes, será el turno de Matías Tabar, un contratista que realizó trabajos de refacción en una propiedad del country Indio Cuá, que fue adquirida por la esposa de Adorni. El proceso de indagatorias se extenderá hasta el 27 de abril, cuando Juan Cosentino, quien participó en la venta del mencionado inmueble al matrimonio Adorni-Angeletti, también deberá declarar. La atención sobre este caso sigue en aumento, dado su potencial impacto en la imagen del gobierno y la confianza pública en las instituciones.
El desarrollo de este caso no solo pone de manifiesto las irregularidades que pueden presentarse en el sector inmobiliario, sino que también subraya la necesidad de una mayor transparencia en las transacciones que involucran a figuras públicas. En este contexto, es crucial que la Justicia actúe con rigor para esclarecer los hechos y, de ser necesario, sancionar a los responsables de cualquier irregularidad que se haya cometido durante el proceso de compra-venta.
