La reciente volatilidad en los precios del petróleo, impulsada por la intensificación del conflicto en Medio Oriente, ha generado preocupación sobre sus efectos en la inflación a nivel global y, en particular, en la economía argentina. En este contexto, el Gobierno enfrenta el reto de mantener su plan de reducción de subsidios a la energía, un componente fundamental del ajuste fiscal previsto para 2026 y del objetivo de lograr un superávit en las cuentas públicas.

Desde enero, el Ejecutivo se vio obligado a pausar la disminución de los subsidios energéticos debido a un incremento inesperado de la inflación, que alcanzó el 2,9%. Este aumento en los precios encendió las alarmas dentro del equipo económico, ya que el éxito de la estrategia de reducción del gasto en energía depende en gran medida de que la inflación continúe en descenso, evitando así nuevos ajustes tarifarios que podrían tener un fuerte impacto en la población.

De acuerdo con el Presupuesto de 2026, los subsidios energéticos deberían situarse en medio punto del PBI, lo que se traduce en aproximadamente $4,56 billones para energía eléctrica y $1,14 billones para gas. Sin embargo, a finales de enero ya se habían destinado $822.791 millones, lo que representa un aumento del 191% en términos reales en comparación con el mismo mes del año anterior. La incertidumbre persiste, ya que analistas advierten que un aumento en los precios del petróleo podría complicar aún más los planes del Gobierno para reducir el gasto en este sector crucial.