La cosecha de soja en Argentina avanza con fuerza, acompañada por la llegada de maíz, trigo y girasol a los puertos del Gran Rosario. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estima que la producción total de granos alcanzará aproximadamente 160 millones de toneladas, manteniendo un predominio del 76% en las entregas de soja. Este dinamismo en el sector agrícola, sin embargo, no está exento de desafíos, especialmente en lo que respecta a las regulaciones de exportación y los reintegros económicos que se derivan de ellas.
A pesar del optimismo que genera la cosecha, el sector enfrenta una dualidad preocupante. Por un lado, el aumento en la comercialización de productos como granos, pellets y aceites refleja un escenario de crecimiento; por otro, la reciente detección de trazas de harina con la tecnología HB4, no permitida en Europa, ha llevado al rechazo de partidas significativas. Este mercado europeo es esencial, representando el 30% de los destinos de exportación, lo que equivale a unos 3.000 millones de dólares. La empresa Bioceres, responsable de esta tecnología desarrollada en conjunto con el CONICET, ha implementado un sistema de acceso restringido, lo que limita la participación de muchos productores en este negocio.
Los efectos de la disminución del tipo de cambio han generado una preocupación adicional en el sector agrícola. Según un análisis de Zorraquín + Meneses Consultores, la reducción del valor del dólar ha deteriorado los márgenes de rentabilidad para muchas empresas, ya que los costos, en su mayoría expresados en dólares, continúan aumentando sin que los ingresos se ajusten a la misma velocidad. Esta discrepancia crea un escenario complejo donde la capacidad de las empresas para capturar valor se ve comprometida, afectando su competitividad en el mercado global.
Desde julio de 2025, los derechos de exportación han sufrido reducciones significativas: un 9% para la soja, un 8,5% para el aceite y harina de soja, un 3,5% para el maíz y un 4,5% para el trigo. Sin embargo, este recorte no parece ser suficiente para contrarrestar la presión que enfrenta el sector. La relación entre rentabilidad y derechos de exportación se encuentra en una tensión constante, lo que genera incertidumbre sobre si estas reducciones realmente compensarán los precios de la harina de soja, que han mostrado una tendencia a la baja.
Un informe reciente, presentado durante el primer remate de soja de la campaña 2025/26 en la BCR, ha puesto de manifiesto la necesidad de reevaluar el impacto de estas políticas. El nuevo presidente de la entidad, Pablo Bortolato, ha liderado la discusión comparando el escenario actual de alícuotas con un modelo alternativo en el que las retenciones se eliminarían progresivamente durante dos años, hasta su total supresión en 2028. Este análisis se vuelve crucial en un contexto donde los números han mostrado un cambio negativo en la recaudación de los derechos de exportación en los últimos seis meses, en contraposición a las variaciones interanuales positivas que se registraban hasta septiembre.
Ante esta situación, queda claro que la evolución de la producción y la rentabilidad en el sector agrícola argentino dependerá no solo de la cosecha misma, sino también de las decisiones políticas y económicas que se tomen a corto y mediano plazo. Con un panorama global que se vuelve cada vez más competitivo, el país deberá encontrar un equilibrio entre incentivar la producción y asegurar la recaudación fiscal necesaria para el desarrollo de otras áreas.
En conclusión, el futuro de la agricultura argentina se presenta lleno de desafíos y oportunidades. La capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y a las políticas de exportación será fundamental para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del sector. La atención de los actores involucrados se centrará en cómo se abordarán estos problemas en los próximos meses, así como en el impacto que tendrán sobre la economía nacional en su conjunto.
