El Gobierno argentino ha tomado medidas decisivas ante la reciente detección de un brote de gripe aviar de alta patogenicidad, al declarar la emergencia sanitaria en todo el país. Esta decisión, anunciada por el Consejo de Secretarios de Estado, liderado de forma virtual por el presidente Nasry Asfura, tiene como objetivo principal fortalecer la respuesta del Estado frente a esta amenaza sanitaria y asegurar la continuidad de proyectos de inversión pública en diversas regiones. En un contexto donde la salud animal es fundamental para la seguridad alimentaria, el gobierno busca mitigar los riesgos asociados con la diseminación del virus H5, que ha sido confirmado en aves silvestres y en una granja reproductora en el departamento de Santa Bárbara.

La emergencia sanitaria fue oficializada a través del decreto PCM-012-2026, que establece un período de 180 días para implementar medidas de vigilancia epidemiológica, prevención, control y erradicación del virus. La declaración se produce tras la confirmación de la presencia del virus en aves locales, lo que ha generado una respuesta inmediata por parte de las autoridades sanitarias. Se busca, de esta manera, evitar que el virus se expanda a otras áreas productivas, protegiendo así tanto la salud pública como la economía del país.

Moisés Molina, secretario de Agricultura y Ganadería, explicó que la detección del brote fue inicialmente realizada por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) y validada por un laboratorio especializado en Estados Unidos. Este proceso de confirmación es crucial, ya que asegura que las respuestas a la emergencia se basen en datos precisos y actualizados sobre la situación del virus en el territorio nacional.

Ante la confirmación del virus, se activaron de inmediato los protocolos de bioseguridad establecidos, que incluyen medidas drásticas como el sacrificio sanitario de las aves afectadas. Este enfoque tiene la finalidad de contener el brote y asegurar que la producción nacional de carne de pollo y huevos no sufra un impacto significativo. Molina hizo hincapié en que la granja afectada se dedica exclusivamente a la cría de aves reproductoras, que no son utilizadas para el consumo directo.

Además, el secretario mencionó que el país cuenta con otras granjas operativas que siguen funcionando con normalidad. También se han establecido importaciones autorizadas desde países vecinos como El Salvador y Costa Rica, lo que proporciona un respaldo adicional al mercado nacional en caso de ser necesario. Este enfoque proactivo es esencial para mantener la estabilidad del suministro alimentario en el país, especialmente en momentos de crisis sanitaria como el actual.

Por su parte, Rafael Rodríguez, director de Senasa, indicó que se está llevando a cabo una vigilancia constante en 209 comunidades, donde se han inspeccionado aproximadamente 339 mil aves de traspatio. Estas acciones preventivas son parte de un esfuerzo más amplio para monitorear la salud aviar y detectar cualquier nuevo caso de influenza aviar. Hasta el momento, se han realizado más de mil pruebas serológicas y cerca de un centenar de pruebas PCR, lo que refleja el compromiso de las autoridades por enfrentar esta situación de manera efectiva.

A medida que las autoridades continúan su labor, se ha reportado que han transcurrido ya nueve días sin nuevos casos en aves domésticas, lo que se atribuye a la rápida implementación de los protocolos sanitarios por parte de Senasa. Este resultado positivo es un indicativo de que las medidas adoptadas están dando frutos, aunque el gobierno permanece en alerta para responder ante cualquier eventualidad. Por último, el decreto también autoriza a la Secretaría de Finanzas a destinar 20 millones de lempiras para reforzar las acciones de vigilancia y prevención, asegurando así un enfoque integral ante esta emergencia sanitaria.