El próximo martes se llevará a cabo una jornada de gran relevancia en el juicio por la desaparición de Loan Peña, un caso que ha conmocionado a la comunidad de 9 de Julio desde el 13 de junio de 2024. En esta audiencia, sus padres, José y María, tendrán que enfrentar el tribunal en su calidad de víctimas y testigos, una situación que, sin duda, genera una profunda tensión emocional. La declaración de los progenitores es crucial para el desarrollo del proceso, ya que aportarán información fundamental sobre los eventos que llevaron a la trágica desaparición de su hijo.

El día de la desaparición, Loan estaba compartiendo un almuerzo familiar en la casa de su abuela, Catalina, donde se encontraban otros familiares. Tras la comida, el niño se retiró con un grupo de adultos y chicos hacia un naranjal cercano, sin que nunca más se tuviera noticia de su paradero. La madre de Loan fue notificada de su ausencia unas horas más tarde, momento en el que ya se había iniciado una búsqueda en la zona, que no logró arrojar resultados positivos. Este trágico suceso ha dejado a la familia devastada, y su testimonio es fundamental para el esclarecimiento de los hechos.

El entorno del juicio se complica aún más debido a la presencia de los acusados en la misma sala donde José y María deberán declarar. Entre ellos se encuentra Laudelina Peña, hermana de José y tía de Loan, a quien se le atribuye el haber participado activamente en la sustracción del niño al apartarlo de la mirada del padre. “José ya no considera a Laudelina parte de su familia”, afirmó Belén Russo Cornara, la abogada que representa a los padres en este proceso judicial. Esta afirmación resalta el profundo quiebre familiar que ha provocado la desaparición de Loan y el impacto emocional que enfrenta la familia al tener que lidiar con la traición de un ser querido.

Otro de los acusados es Antonio Benítez, esposo de Laudelina, además del comisario Walter Maciel, quien estuvo a cargo de la búsqueda del niño, pero terminó imputado por encubrimiento. En la sala también estarán presentes otros implicados en la trama, como Daniel Ramírez, conocido como "Fierrito", quien, a pesar de haber estado en la mesa del almuerzo, ha expresado sentirse discriminado por su apodo. La complejidad del caso no solo radica en la desaparición del niño, sino también en las relaciones familiares y las dinámicas de poder que se han revelado durante la investigación.

Con el objetivo de evitar la revictimización de los padres durante su declaración, la fiscalía ha solicitado al tribunal implementar ciertas medidas que garanticen la protección de los testigos. Una de estas medidas es que entre la convocatoria para declarar y el día de la audiencia transcurra al menos una semana, permitiendo así que la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) prepare un entorno adecuado para la declaración de José y María. Un profesional de la psicología de este organismo viajará desde Buenos Aires a Corrientes para brindar apoyo durante el proceso.

La Fiscalía, liderada por Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, había solicitado que las preguntas de las defensas a los padres se entregaran por adelantado y se leyeran en el tribunal, pero esta petición fue denegada. El tribunal argumentó que dicha medida vulnera el principio de oralidad del juicio, así como el derecho de las defensas a repreguntar sobre las respuestas ofrecidas, lo que podría restar espontaneidad al proceso. Esta decisión refleja un compromiso con las garantías procesales y el respeto por el formato del juicio oral.

Finalmente, la acusación pública y privada ha optado por una nueva estrategia: solicitar que los acusados se retiren del recinto antes de que José y María ingresen a declarar, de modo que solo los abogados defensores estén presentes. Se trata de una práctica inédita en la provincia de Corrientes, y según fuentes cercanas a la acusación, es la primera vez que se intenta llevar a cabo. Este enfoque busca proteger a los padres en un momento de gran vulnerabilidad, permitiendo que su testimonio se escuche sin la presión de tener a sus acusadores presentes, una medida que podría marcar un precedente en futuros juicios similares.