El acuerdo de amortiguación de precios que había establecido YPF junto a las principales compañías petroleras del país llega a su fin después de 45 días de vigencia. Este mecanismo, que se implementó el 1° de abril, fue diseñado para mitigar los efectos de la volatilidad del crudo internacional en el mercado local, pero su finalización anticipa una inminente revisión de precios en las estaciones de servicio. Además, la reciente modificación en la carga impositiva impuesta por el Gobierno nacional añade presión a los precios en los surtidores.
Horacio Marín, CEO de YPF, confirmó que este lunes se llevará a cabo una reunión crucial entre los actores más relevantes del sector petrolero. Durante este encuentro, se definirán las estrategias a seguir en relación a los precios de las naftas, y se prevé que los detalles de cualquier ajuste se hagan públicos a posteriori. Este tipo de reuniones son comunes en momentos de incertidumbre en el mercado energético, y reflejan la necesidad de un consenso entre las empresas para enfrentar los desafíos del contexto actual.
El acuerdo en cuestión había limitado el impacto inmediato de los aumentos del crudo en los precios locales. Bajo su estructura, las compañías refinadoras adquirían petróleo a precios fijados hasta marzo de 2026, alrededor de 70 dólares por barril, a pesar de que el costo real había superado los 120 dólares por barril para el Brent. Esta diferencia, que se registraba en cuentas compensadoras, debía ser saldada en el futuro cuando los precios internacionales disminuyeran. Sin embargo, con el fin de este acuerdo, se espera un reajuste que podría reflejarse rápidamente en los precios al consumidor.
Recientemente, el mercado internacional del petróleo experimentó una caída significativa en sus precios. Tanto el Brent como el WTI vieron descensos de entre el 10% y el 12%, impulsados por negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El WTI se cotizó a 95 dólares por barril, mientras que el Brent se situó en 101 dólares. Esta baja en los precios se debió a un “memorándum de entendimiento” entre ambos países, que abre una ventana para el diálogo, aunque se destaca que el acuerdo no aborda aspectos críticos como el programa nuclear iraní, lo que sugiere que la volatilidad podría persistir en el futuro.
Adicionalmente, el incremento de los impuestos sobre combustibles y dióxido de carbono complica aún más la situación. El 30 de abril, el Gobierno anunció una actualización del 0,5% en estos impuestos, que comenzó a regir el 1° de mayo. Sin embargo, no está claro si este aumento se trasladará a los precios finales en las estaciones de servicio, ya que la decisión sobre absorción o traslado de costos es competencia exclusiva de las empresas petroleras.
En la configuración de precios local, el costo del crudo representa aproximadamente el 40% del precio al consumidor. El 60% restante se compone de impuestos, costos de refinación, logística, biocombustibles y márgenes comerciales. Según Sebastián Domínguez, presidente de SDC Asesores Tributarios, el ajuste impositivo podría traducirse en un incremento de 11,035 pesos por litro solo en cargas fiscales, lo que elevaría el total del tributo por litro de 345,541 a 355,939 pesos, además de sumar un costo adicional por el impuesto al CO2.
En este contexto, la expectativa es que el próximo encuentro entre las petroleras defina no solo los ajustes inmediatos, sino también el rumbo del sector en un mercado que sigue siendo volátil y desafiante. Las decisiones que se tomen en los próximos días serán cruciales para determinar cómo se comportarán los precios en el futuro inmediato y cómo afectarán al consumidor argentino en un escenario económico ya de por sí complicado.
