La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan) ha presentado un informe alarmante respecto a la situación de las infraestructuras en España. Según sus estimaciones, el país requiere invertir anualmente 12.700 millones de euros, lo que equivale a un total de 127.341 millones de euros en la próxima década, solo para mantener y conservar las estructuras ya existentes. Estos números subrayan la necesidad urgente de una revisión en la forma en que se gestionan y financian las infraestructuras en el territorio nacional.
El análisis de Seopan va más allá del mero mantenimiento, ya que también se identifica la necesidad de construir nuevas infraestructuras y adaptar las existentes. Esto implica un requerimiento adicional de 280.000 millones de euros, llevando el total de inversión necesaria en el país a aproximadamente 407.341 millones de euros en los próximos diez años. Esta cifra, que podría parecer exorbitante, refleja la realidad de un sistema que ha estado en déficit de inversión en los últimos años, poniendo en riesgo la calidad de vida y el desarrollo económico del país.
Dentro del desglose de los 127.341 millones de euros necesarios para el mantenimiento, las cifras son igualmente preocupantes. Seopan detalla que se necesitan 58.369 millones de euros para la conservación de carreteras, 20.280 millones para el mantenimiento de los ferrocarriles y 48.692 millones para las infraestructuras hidráulicas. Estos sectores son fundamentales para el funcionamiento diario de la sociedad y la economía, y su deterioro podría acarrear consecuencias graves, tanto en el ámbito social como en el económico.
Julián Núñez, presidente de Seopan, ha sido contundente al señalar que, si bien se observa una inversión creciente en ciertos sectores, en 2024 se prevé que la inversión total solo alcance el 52% de lo que se invertía en 2009. Es alarmante que áreas cruciales como el transporte, el abastecimiento de agua y la gestión de aguas residuales hayan visto disminuir su representación en el gasto público total, pasando del 3,9% en 2008 al 1,7% en 2024. Esta tendencia indica una infrafinanciación preocupante, que requiere un cambio de enfoque hacia inversiones más estratégicas y sostenibles.
En respuesta a esta situación, la patronal de las concesionarias propone un cambio en el modelo de financiación basado en tres pilares fundamentales: un aumento de la inversión pública, la reactivación de la colaboración público-privada y la exploración de nuevas fórmulas de financiamiento. En particular, se sugiere la implementación de un sistema de tarificación viaria que permitiría financiar el mantenimiento de las carreteras sin necesidad de aumentar la carga impositiva sobre los ciudadanos.
Este sistema de pago por uso, que se estima podría costar alrededor de 111 euros anuales por usuario, podría generar en una década hasta 43.260 millones de euros. Estos fondos estarían destinados a la conservación de la red vial, la transición ecológica y la digitalización de infraestructuras, además de generar ingresos significativos a través del impuesto de Bienes Inmuebles de Características Especiales en un gran número de municipios. La implementación de estas medidas no solo aliviaría la presión sobre las arcas públicas, sino que también podría mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Finalmente, Núñez también abordó las preocupaciones sobre el impacto de la inflación, exacerbada por el conflicto en Oriente Medio, que podría llegar a ser de entre el 3,2% y el 3,6% en 2026. Para mitigar estos efectos, propone recuperar y adaptar los mecanismos de revisión de precios establecidos en el Real Decreto-ley 3/2022. Además, hizo un llamado a modernizar la regulación y la práctica de la contratación pública, sugiriendo una revisión técnica de la Ley de Contratos para solucionar los problemas de aplicación y garantizar un adecuado cumplimiento de los procesos de inversión en infraestructura.
