En medio de un clima político tenso y con el tiempo en su contra, el presidente interino de Perú, José María Balcázar, anunció su intención de solicitar al Congreso la aprobación de nuevos créditos suplementarios. Esta decisión se produce a pesar de las advertencias de la Contraloría General, que ha cuestionado la justificación técnica del primer crédito suplementario aprobado recientemente, el cual asciende a más de 9.000 millones de soles, equivalentes a aproximadamente 2.800 millones de dólares. La situación económica del país es delicada, y el gobierno interino enfrenta la presión de demostrar que puede dejar una administración con un balance positivo antes de que asuma el nuevo gobierno liderado por la presidenta electa, Keiko Fujimori.
Balcázar, quien se encuentra a menos de un mes de finalizar su mandato, ha manifestado su intención de entregar una gestión con "cuentas en azul" en lugar de "rojo", lo que implica un esfuerzo por mostrar solidez en las cuentas macroeconómicas del país. Este enfoque es especialmente crítico en un contexto donde la percepción de estabilidad económica es fundamental para atraer inversión y fomentar la confianza entre los ciudadanos. Durante su intervención en el décimo Consejo de Estado Regional, Balcázar enfatizó que existe la posibilidad de presentar más solicitudes de crédito, gracias a una ley reciente que permite seguir trabajando con la Comisión Permanente del Congreso, la cual tiene la facultad de aprobar créditos adicionales.
El presidente interino ha subrayado la necesidad de atender proyectos prioritarios en diversos sectores, como Agricultura, Energía y Minas, Vivienda, Salud, Transportes y Educación. Este enfoque refleja una intención de continuar con iniciativas que, según él, son de interés nacional y deben ser heredadas por la nueva administración. La interconexión entre las decisiones financieras actuales y el futuro del nuevo gobierno es un punto clave en sus declaraciones, ya que Balcázar busca dejar un legado positivo que sea bien recibido por la administración entrante.
Sin embargo, la Contraloría General ha hecho eco de sus preocupaciones en un reciente informe que destaca que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha proporcionado una justificación técnica adecuada para el crédito suplementario aprobado esta semana. Este organismo fiscalizador argumenta que el gobierno no ha explicado cómo este aumento del gasto público impactará en las cuentas estatales ni ha evaluado los riesgos para la sostenibilidad fiscal. La falta de claridad en estos aspectos plantea interrogantes sobre la viabilidad de la estrategia financiera del gobierno interino.
El desglose del crédito suplementario aprobado revela que 4.160 millones de soles provendrán de impuestos, mientras que 5.436 millones de soles se financiarán a través del canon minero y petrolero de diversas regiones. Esta estrategia busca cubrir gastos cruciales, incluidos los relacionados con la prevención del fenómeno climatológico de El Niño y las gratificaciones de los trabajadores públicos bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicio (CAS). Sin embargo, la preocupación sobre la sostenibilidad de estas medidas persiste, dado el impacto fiscal negativo que podrían generar en el mediano y largo plazo.
En un contexto más amplio, el presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, ha señalado que el actual Congreso ha aprobado un total de 268 normas que tendrán un efecto fiscal negativo entre 2021 y 2026, acumulando compromisos permanentes que superan los 36.700 millones de soles. Esta situación resalta la necesidad de un enfoque más equilibrado en la gestión fiscal del país, donde se posicione la responsabilidad económica como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible de Perú.
En conclusión, mientras Balcázar evalúa la posibilidad de nuevos créditos suplementarios, la presión por una justificación técnica sólida y el análisis de los riesgos fiscales se tornan cada vez más relevantes. La administración interina enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de financiamiento inmediato con la responsabilidad de asegurar la estabilidad económica a largo plazo, un aspecto que será crítico para la próxima gestión en el país.
