La creciente demanda de profesionales con habilidades multidisciplinarias se ha convertido en una prioridad tanto para el sector público como para el privado en América Latina, especialmente ante la expansión de grandes proyectos de infraestructura. Este aspecto fue uno de los puntos centrales discutidos en un foro virtual sobre Asociaciones Público-Privadas (APP), donde expertos internacionales analizaron las oportunidades y desafíos que presentan estos esquemas de colaboración. La urgencia de contar con una formación adecuada para la gestión de contratos APP fue otro de los temas destacados.
El evento, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), reunió a destacados especialistas que compartieron sus conocimientos con participantes de 21 países de la región y España. Durante las exposiciones, se abordó el papel crucial que juegan las APP en la reducción de brechas en sectores clave como la vialidad, puertos, aeropuertos y servicios sociales. La moderación del foro estuvo a cargo de la abogada ecuatoriana María Fernanda Garcés, quien enfatizó que las APP son decisiones que trascienden lo meramente contractual, abarcando aspectos jurídicos, económicos y estratégicos que impactan directamente en la sostenibilidad futura de los proyectos públicos.
En el transcurso del debate, Eduardo Falquez, viceministro de Inversiones Público-Privadas de Ecuador, destacó las oportunidades que existen en la región para fortalecer la institucionalidad de los modelos APP. Según Falquez, estas asociaciones no solo promueven la inversión pública, sino que también permiten aprender de modelos más avanzados, generando beneficios para el Estado, el sector privado y los usuarios. A su vez, subrayó la importancia de establecer marcos regulatorios claros y realizar estudios técnicos rigurosos para asegurar la viabilidad de cada proyecto. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de extender el uso de las APP a servicios sociales, especialmente en salud y educación, como parte de una estrategia integral para mejorar la cobertura y calidad de los servicios estatales mediante la participación del sector privado.
