En marzo, el Gobierno argentino logró un superávit primario de aproximadamente $930.284 millones, que, tras considerar el pago de intereses, se tradujo en un superávit financiero de $484.789 millones. Sin embargo, durante el mismo mes, la deuda flotante del Tesoro, que representa gastos ya incurridos pero no saldados, aumentó casi $2 billones, alcanzando un total de $4.044.758,20 millones. Este fenómeno ha suscitado preocupación entre economistas y analistas, ya que la escalada en la deuda flotante podría indicar una mayor dificultad en el manejo fiscal, especialmente en un contexto donde la recaudación ha ido en descenso.
El incremento en la deuda flotante no es un hecho aislado, sino que representa una táctica común utilizada por el Tesoro para mantener el superávit fiscal. Sin embargo, la magnitud del aumento en marzo ha sorprendido a muchos, especialmente porque el mes se caracteriza históricamente por la intensificación de la acumulación de gastos pendientes. A pesar de que en años anteriores se observó un comportamiento similar, donde los pagos postergados se regularizaron al mes siguiente, el actual contexto económico sugiere que esta situación podría requerir un mayor esfuerzo para revertirse.
Según el informe de la Tesorería General de la Nación, la deuda flotante experimentó un crecimiento notable en comparación con el cierre de febrero, cuando se reportó un total de $1.950.414,50 millones. Los especialistas sugieren que este aumento podría estar influenciado por factores estacionales, dado que en años anteriores se habían registrado incrementos similares que se ajustaron en los meses posteriores. Sin embargo, la posibilidad de que la situación actual se convierta en una tendencia persistente ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de las políticas fiscales implementadas por el actual ministro de Economía, Luis Caputo.
La Oficina de Presupuesto del Congreso define la deuda flotante como un pasivo del Estado que consiste en obligaciones ciertas pendientes de pago. Este tipo de gastos incluye tanto aquellas obligaciones que aún están dentro de su plazo de pago como las que ya han vencido. La acumulación excesiva de estos pagos atrasados puede tener consecuencias negativas para la operación del gobierno y, por ende, para la economía en su conjunto. La situación actual, que muestra un aumento significativo en los pagos pendientes, genera preocupación sobre la salud financiera del Estado y su capacidad para cumplir con sus obligaciones.
A pesar de que la deuda flotante se aproxima a los indicadores del sector público no financiero, es importante señalar que esta medida abarca un conjunto más amplio de la administración pública nacional. Los números publicados recientemente permiten deducir que en marzo se postergaron pagos de manera considerable, lo que podría afectar la percepción de la eficiencia fiscal del Gobierno. La falta de pagos en tiempo y forma no solo impacta en las cuentas del Estado, sino que también tiene repercusiones en la confianza de los inversores y en la dinámica económica general.
El aumento en la deuda flotante ha generado un intenso debate en el ámbito económico, especialmente en un contexto donde se registró un superávit financiero del 0,2% en el primer trimestre de 2026. Economistas como Salvador Vitelli, jefe de Research de Romano Group, han indicado que si bien la deuda flotante ha crecido, es crucial desestacionalizar estos datos para una mejor evaluación. En términos interanuales, la deuda flotante ha mostrado un incremento del 13,5%, lo que plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad de la política fiscal y la capacidad del Gobierno para mantener el equilibrio entre ingresos y gastos en el futuro cercano.
La situación actual exige un análisis profundo y una reflexión sobre las estrategias a seguir. La gestión de la deuda flotante y el cumplimiento de las obligaciones fiscales no solo son desafíos inmediatos, sino que también tienen implicaciones duraderas para el desarrollo económico del país. En este escenario, el Gobierno deberá encontrar un equilibrio que le permita manejar la deuda sin comprometer la estabilidad financiera y económica a largo plazo.
