En un nuevo intento por reestructurar el sistema de subsidios en el país, el Gobierno nacional ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados que busca ajustar el régimen de subsidios al gas natural, particularmente en las denominadas "zonas frías". Este anuncio se produce tras la caída del Capítulo XI del presupuesto, que fue rechazado en el Congreso debido a la inclusión de la derogación de leyes clave, como la de Financiamiento Universitario y la de Emergencia en Discapacidad. Con esta nueva iniciativa, el oficialismo pretende acotar el alcance de los beneficios y resolver las deudas pendientes en el mercado eléctrico mayorista, además de eliminar ciertos regímenes de promoción para la producción hidrocarburífera.
El proyecto presentado incluye modificaciones importantes a artículos de leyes existentes, como el artículo 75 de la Ley 25.565 y el artículo 148 de la Ley 11.672. La intención es restringir el uso del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, limitándolo a compensaciones a empresas que proveen gas natural y gas licuado en la región patagónica, el departamento de Malargüe en Mendoza y la Puna. También se contempla la venta de cilindros y garrafas en estas áreas específicas. Para financiar este fondo, se establece un recargo que podría alcanzar el 7,5% sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, aplicable a todos los metros cúbicos comercializados a nivel nacional, con algunas excepciones como los exportados.
Uno de los aspectos más relevantes de este proyecto es la redefinición del universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría. A diferencia de la ampliación realizada en 2021, que había incrementado el número de hogares beneficiados de 950,000 a cerca de 4 millones, el nuevo enfoque busca limitar la ayuda a las regiones que tradicionalmente han sido incluidas, como la Patagonia y Malargüe, excluyendo a provincias que se sumaron en la última ampliación, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis. Esta reducción en el número de beneficiarios responde a la necesidad de equilibrar el Fondo Fiduciario, que se ha visto tensionado por el aumento significativo de usuarios en el sistema de gas.
Además, el proyecto establece que los subsidios por Zona Fría solo estarán disponibles para aquellos usuarios que estén registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el cual fue creado por el Decreto 943 de 2025. Este padrón abarca a hogares cuyos ingresos sean iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales, así como a aquellos que cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar y a los beneficiarios de pensión vitalicia a veteranos. De esta manera, se busca segmentar los beneficios no solo por cuestiones geográficas, sino también por criterios socioeconómicos, garantizando que solo los hogares más vulnerables puedan acceder a los subsidios en las zonas que perderán la cobertura ampliada.
Expertos en la materia han expresado preocupaciones sobre estas modificaciones. Emilio Apud, un ingeniero y exsecretario de Energía y Minería de la Nación, ha criticado la ampliación de beneficiarios realizada en 2021, argumentando que la inclusión de más de tres millones de usuarios que no requieren asistencia ha desbordado el fondo destinado a subsidios. Esta crítica resalta la tensión existente entre la necesidad de mantener la ayuda a los sectores más vulnerables y la sostenibilidad del sistema de subsidios en un contexto económico complicado.
A medida que se avanza en el debate sobre este proyecto en el Congreso, se espera que surjan más discusiones sobre el impacto que estos cambios tendrán en la población y en la economía en general. La reestructuración de los subsidios de gas no solo es un tema de interés económico, sino que también refleja las dinámicas políticas y sociales que afectan a los ciudadanos en un momento crucial para el país. La respuesta del Congreso y la sociedad civil será fundamental para determinar el futuro de estos subsidios y su efectividad en la atención de las necesidades de la población.
