En medio de un clima de incertidumbre económica, el Gobierno argentino se encuentra en la etapa final de evaluación de una posible prórroga del impuesto a los combustibles, una medida que podría evitar un incremento en los precios de la nafta y el gasoil a partir de julio. Esta decisión se vuelve crucial en un contexto donde los precios regulados son un factor determinante en la inflación general del país, que ya enfrenta desafíos significativos.
Una fuente cercana a la Secretaría de Energía confirmó que la cuestión está siendo analizada en profundidad. Esta revisión forma parte de un seguimiento constante por parte del equipo económico, que se centra en la evolución de los precios regulados y su impacto en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La última postergación de la actualización impositiva se implementó a principios de junio, cuando el Ejecutivo decidió extender el plazo hasta julio para aplicar los incrementos pendientes en los tributos sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono, alcanzando tanto a la nafta sin plomo como al gasoil.
El Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial, estableció un nuevo cronograma para la actualización tributaria, indicando que los incrementos correspondientes a los años 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 entrarían en vigencia a partir del 1 de julio. Esta modificación es especialmente relevante dado que los combustibles tienen un impacto directo sobre los costos de transporte, logística, producción agropecuaria y movilidad personal. Por lo tanto, cualquier ajuste tributario podría trasladarse rápidamente a los precios finales en las estaciones de servicio, abriendo la puerta a un aumento en la inflación general.
El Gobierno ha utilizado la postergación del impuesto a los combustibles como una herramienta para moderar los aumentos y evitar saltos bruscos en el índice de precios. Desde 2024, las autoridades han aplicado sucesivas prórrogas a la actualización tributaria, que normalmente se ajusta de acuerdo con la inflación. Esta estrategia busca manejar el impacto de los tributos en un contexto económico delicado, donde la contención de la inflación es una de las principales prioridades del Ejecutivo.
En los fundamentos del último decreto, la Casa Rosada argumentó que la decisión de postergar los aumentos impositivos tenía como objetivo continuar fomentando el crecimiento económico mediante un enfoque fiscal sostenible. De hecho, la medida logró evitar que los aumentos acumulados en los impuestos se trasladaran a los precios finales durante el mes de junio, lo que proporcionó un respiro a los consumidores en un momento crítico.
Con el vencimiento del plazo establecido, el Gobierno se enfrenta a la decisión de permitir que los incrementos se apliquen o, por el contrario, extender nuevamente el diferimiento. Esta última opción requeriría la modificación de la normativa vigente, similar a la que se publicó a principios de mes. Si no se opta por una nueva prórroga, los aumentos impositivos comenzarían a regir desde julio, lo que podría ejercer presión sobre los precios de los combustibles, un factor que los consumidores están siguiendo de cerca.
El resultado de esta discusión no solo depende del Gobierno y su estrategia fiscal, sino también de la respuesta de las petroleras, la evolución del precio del crudo en los mercados internacionales, que actualmente se encuentra por debajo de los niveles observados tras el estallido de la guerra en Medio Oriente, y el comportamiento del tipo de cambio. En este contexto, el monitoreo de la situación se torna aún más relevante, dado que la sensibilidad sobre los precios de la energía está en su punto más alto en la agenda pública y económica del país.
