El Gobierno nacional ha decidido implementar restricciones a los incrementos en el costo del servicio de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, el cual es administrado por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA). Esta medida, que empezará a regir a partir del próximo mes y se extenderá hasta agosto de 2026, busca equilibrar las necesidades económicas de la concesionaria con la protección de los usuarios ante posibles subas abruptas.
El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) ha establecido, a través de una modificación a la Resolución N° 53/25, que los ajustes en las tarifas no podrán exceder el 4% mensual entre enero y abril de 2026. Posteriormente, desde mayo hasta agosto, el aumento máximo permitido será del 3% por mes, siempre que la fórmula de actualización oficial indique un incremento inferior. Esta normativa fue formalizada en el Boletín Oficial mediante la resolución 14/2026, lo que marca un paso significativo en la regulación de tarifas en el sector de servicios públicos.
La decisión de limitar los incrementos tarifarios surge de un exhaustivo proceso de evaluación que incluyó la presentación de informes económicos y financieros por parte de AySA, la principal empresa concesionaria del área. Esta medida tiene como objetivo equilibrar las necesidades financieras de la empresa con la realidad de los usuarios, quienes han enfrentado un contexto económico complicado en los últimos años. La implementación de estos límites busca evitar que los usuarios se vean afectados por aumentos desproporcionados en un servicio esencial como lo es el agua potable.
El marco regulatorio actual fue establecido en 2007 y reafirmado por decreto en 2025. Desde entonces, el ERAS ha estado encargado de supervisar la prestación del servicio, así como de la regulación económica de la concesión y la atención de las quejas de los usuarios. La revisión de las tarifas se inició en 2024, cuando AySA presentó una propuesta de adecuación ante la Secretaría de Obras Públicas, lo que llevó a que, aunque no se exigiera audiencia pública, se convocara a la ciudadanía para escuchar sus opiniones sobre la propuesta de incremento.
La aplicación de este mecanismo tiene como objetivo mantener la estabilidad financiera de la concesionaria sin depender de transferencias del Tesoro Nacional. Sin embargo, en el contexto económico de 2024 y 2025, las autoridades decidieron limitar de manera excepcional los aumentos mensuales, comenzando con un tope del 1% y luego estableciendo un límite progresivo. Esto fue una medida necesaria para evitar un impacto negativo en la economía de los usuarios, quienes ya enfrentaban desafíos financieros significativos.
A medida que avanza este proceso de convergencia tarifaria, AySA ha reconocido la existencia de un atraso en las tarifas y la necesidad de alcanzar niveles más adecuados. En este sentido, se llegó a un acuerdo en el que la empresa renunciará a los ingresos no facturados durante 2025 y asumirá el costo de esta gradualidad en 2026, lo que se reflejará en su balance financiero. Además, se ha establecido que AySA deberá presentar un informe sobre su situación económico-financiera correspondiente al primer trimestre de 2026, así como otro al cierre del segundo trimestre, lo que permitirá un seguimiento más riguroso de su desempeño.
El seguimiento de esta nueva regulación será fundamental para garantizar que se mantenga el equilibrio entre las necesidades de la concesionaria y los derechos de los usuarios. La transparencia en la presentación de informes y la comunicación efectiva con la ciudadanía serán claves en este proceso, ya que se busca no solo proteger a los usuarios, sino también asegurar la viabilidad económica de AySA en un futuro cercano. Con estas medidas, el Gobierno intenta crear un marco que favorezca tanto la sostenibilidad del servicio como la justicia tarifaria.
