El panorama fiscal del primer trimestre de 2026 presenta un desafío significativo para la administración gubernamental, que se enfrenta a la necesidad de ajustar su estrategia de recortes de gastos para sostener el superávit. A diferencia de los primeros años de su gestión, cuando la combinación de recortes y un contexto inflacionario favorecían el resultado fiscal, ahora la situación se ha complicado. La caída en los ingresos tributarios y la disminución de la inflación están generando presiones que obligan a un abordaje más preciso, alejándose de las medidas generales y aproximándose a un enfoque más detallado y específico.

Isidro Guardarucci, economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, destaca que la recaudación fiscal ha experimentado un deterioro notable, aunque no se prevé un desvío inmediato de los objetivos fiscales del Gobierno. Sin embargo, advierte que el superávit podría estar amenazado por un cúmulo de pequeñas presiones, que incluyen la debilidad en los ingresos tributarios, la estabilización de los subsidios, la recuperación de las universidades, el limitado margen de las provincias y la rigidez de las prestaciones sociales. Esto implica que la agenda fiscal para 2026 se presenta más exigente que en años anteriores, convirtiendo el superávit en un indicador no solo de disciplina económica, sino también de capacidad de gestión.

En 2024, la consolidación fiscal logró mantenerse gracias a una dinámica que favorecía la recaudación, facilitada por una fuerte licuación de partidas. La inflación, aunque perjudicial en muchos aspectos, también contribuyó a aumentar los ingresos fiscales. Sin embargo, en 2025, aunque el superávit se mantuvo, la situación se tornó más crítica, dependiendo de recortes significativos, especialmente en subsidios y en la inversión pública. Esta tendencia, si bien sostenía el equilibrio fiscal, exigía un manejo cada vez más delicado de los recursos.

Para 2026, la situación se complica aún más. Guardarucci advierte que, si la recaudación no se recupera, será necesario adoptar una política fiscal que demande una gestión más minuciosa, donde cada rubro de gasto tendrá un impacto más significativo. La caída de la recaudación tributaria se estima en un 8% real, lo que se traduce en una disminución de aproximadamente $3 billones en comparación con el mismo período de 2025, ajustado a la inflación del año en curso. Esta merma no se limita a un solo impuesto, sino que se distribuye entre los principales pilares de la estructura tributaria del país.

Entre los tributos, el IVA se destaca como el principal responsable de la caída de la recaudación, con un impacto negativo cercano a $0,9 billones en el primer trimestre. Este escenario plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad de los ingresos del Estado, lo que a su vez afecta la capacidad de financiar el gasto público. A pesar de que el gasto total entre enero y marzo cayó un 5,1% real en comparación con el mismo trimestre del año anterior, las variaciones se presentan de manera heterogénea, lo que requiere un análisis más detallado.

Las partidas más afectadas incluyen los gastos de funcionamiento no salarial, que registraron una caída del 28,4%, y el gasto de capital nacional, que retrocedió un 29,2%. Además, las transferencias corrientes a las provincias se redujeron en un 27%, mientras que otras prestaciones sociales disminuyeron un 17,2%. En contraposición, las universidades han comenzado a mostrar signos de recomposición, lo que añade una capa adicional de complejidad a la gestión del gasto público. Este contexto exige que el Gobierno no solo mantenga un superávit fiscal, sino que también demuestre habilidad en la administración de recursos, una tarea que se vuelve cada vez más exigente en un entorno económico incierto.