El comercio electrónico en Argentina ha evidenciado su capacidad para expandirse de forma sostenida, incluso en escenarios económicos adversos. Sin embargo, para que esta tendencia no solo continúe, sino que también se intensifique y se convierta en un fenómeno más inclusivo, es fundamental centrar la atención en dos aspectos cruciales: la creación de un ecosistema favorable y la modernización del sistema fiscal. A medida que el país avanza hacia una mayor digitalización, es vital que las políticas públicas acompañen este crecimiento para transformar el eCommerce en un motor de desarrollo económico.

Los recientes informes del sector muestran que las mejoras en los métodos de pago y el desarrollo de una infraestructura logística robusta han sido clave para el crecimiento del comercio electrónico en Argentina. Según datos obtenidos, los consumidores valoran cada vez más la posibilidad de elegir entre diversas formas de pago, así como la garantía de que sus pedidos llegarán en los tiempos acordados. Esta evolución ha permitido que un número creciente de usuarios confíe en realizar compras en línea, lo que ha contribuido a consolidar el eCommerce como una opción viable y atractiva para muchos.

La capacidad de adaptación del eCommerce argentino a los cambios del entorno es notable. Un análisis de las tendencias recientes revela que el uso de billeteras electrónicas ha aumentado significativamente, pasando del 8% al 20% en el último año. Asimismo, las entregas en un plazo de 24 horas han crecido del 33% al 37% en el mismo período, lo que refleja un compromiso por parte de las empresas para mejorar la experiencia del usuario. Estos indicadores son un claro ejemplo de cómo el sector puede innovar y responder a las demandas de los consumidores, pero también subrayan la necesidad de un marco regulatorio que fomente esta dinámica.

No obstante, este crecimiento se ve amenazado por un obstáculo estructural: el actual régimen del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB). En Argentina, coexisten 24 regímenes diferentes de este impuesto, lo que presenta una serie de desafíos para el comercio electrónico. Este tributo se aplica en cada fase de la cadena de valor y no solo sobre la venta final, lo que genera un efecto cascada que encarece los productos y altera la competitividad de los precios. La complejidad del sistema fiscal no solo representa una carga económica, sino que también se traduce en un laberinto administrativo que las empresas deben navegar.

El eCommerce, por su naturaleza, opera de manera multijurisdiccional, y una misma transacción puede involucrar a varias provincias sin que exista una presencia física clara de la empresa. Esta situación crea confusión y plantea desafíos en la aplicación del Convenio Multilateral, así como en la interpretación de conceptos como la “presencia digital”. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), esto se traduce en una carga administrativa considerable que puede desincentivar la formalización de sus operaciones.

Además, el sistema actual de retenciones y percepciones agrava la situación. Cada transacción digital puede activar múltiples pagos anticipados de IIBB, lo que resulta en saldos a favor que se acumulan y afectan la liquidez de las compañías. Este escenario penaliza la formalidad, ya que las operaciones digitales, que son fácilmente trazables, se ven sometidas a un régimen fiscal más estricto, mientras que las transacciones en efectivo, que son menos controlables, a menudo quedan fuera de este escrutinio. Esto no solo perjudica a las empresas, sino que también impacta negativamente en la recaudación fiscal del Estado, que pierde eficiencia al desalentar canales más transparentes.

Por último, es importante mencionar las desigualdades que se generan entre las grandes corporaciones y las pymes. Las grandes empresas cuentan con recursos y herramientas para gestionar su carga impositiva, lo que les permite adaptarse a un entorno cambiante con mayor facilidad. En contraste, las pymes enfrentan mayores dificultades para recuperar saldos a favor o cumplir con las variadas normativas provinciales. Esta asimetría puede limitar el potencial de crecimiento de las pequeñas empresas y, por ende, del eCommerce en su conjunto, lo que hace urgente un replanteo del marco regulatorio que rige este sector.

En conclusión, el comercio electrónico en Argentina tiene un futuro prometedor, pero su crecimiento dependerá de la capacidad de las autoridades para crear un entorno más favorable. La modernización del sistema tributario y la eliminación de las barreras administrativas son pasos fundamentales para garantizar que el eCommerce no solo siga en ascenso, sino que también se convierta en un pilar del desarrollo económico inclusivo del país.