El primer bimestre de 2026 está marcando un preocupante aumento en la cantidad de cheques rechazados por falta de fondos, alcanzando cifras que evocan los críticos momentos de la pandemia de Covid-19 en 2020. Según un análisis de la firma de evaluación de riesgos crediticios Fidelitas, diciembre de 2025 registró un récord histórico con 97.612 cheques rechazados. Para enero y febrero de 2026, los números fueron de 89.352 y 86.350 cheques, respectivamente, todos muy por encima de la media histórica, lo que sugiere una creciente inestabilidad en el sistema financiero argentino.

El informe subraya que la tensión económica actual se mantiene notablemente elevada, superando incluso los niveles vistos durante la crisis sanitaria. Este fenómeno se refleja en el creciente ratio de cheques emitidos en comparación con los rechazados, lo que indica que, aunque el cheque físico se está volviendo un medio de pago menos popular, su uso sigue siendo significativo entre las pequeñas y medianas empresas (pymes). Este cambio en los hábitos de pago puede estar relacionado con la crisis de liquidez que enfrentan muchas empresas, que se ven forzadas a recurrir a métodos tradicionales en un contexto financiero incierto.

Desde una perspectiva económica, el impacto de los cheques rechazados es alarmante. En diciembre de 2025, el monto total rechazado alcanzó los 198,8 millones de dólares, mientras que en enero y febrero de 2026 se registraron 175,7 millones y 172,8 millones de dólares, respectivamente. Estas cifras contrastan drásticamente con la media de menos de 30 millones de dólares rechazados por mes en periodos anteriores, sugiriendo que la presión sobre el capital de trabajo de las empresas está en niveles históricamente altos.

Un análisis más profundo revela que la morosidad general de las empresas en cuanto a créditos se sitúa entre el 2,5% y el 2,7% mensual, pero este porcentaje se eleva al 4,4% cuando se consideran solo las pymes. Este aumento en la morosidad es alarmante, especialmente si se tiene en cuenta que el 42% del financiamiento es controlado por las grandes empresas, lo que deja a las pymes en una situación más vulnerable. Un informe del Centro de Estudios Económicos del Banco Provincia destaca que la irregularidad en la cartera de préstamos del sistema bancario pasó del 1,5% a fines de 2024 al 5,5% a finales de 2025, lo que pone de manifiesto la creciente inestabilidad del sector.

Las estadísticas también revelan que una de cada ocho empresas que solicitó un préstamo en enero de 2026 se encontraba en situación irregular, lo que involucra un 12,5% de la cartera total. Este dato es aún más preocupante en el caso de los créditos de menor monto, donde la irregularidad alcanza el 10%. Sectores como la molinería y la industria del cuero presentan tasas de mora alarmantes, llegando al 43,3% y 40,7%, respectivamente. Esto indica que el problema de la morosidad no se limita a la solvencia individual de las empresas, sino que afecta a toda la cadena de suministro.

El reporte de Fidelitas señala que cuando un proveedor clave enfrenta problemas, ya sea por quiebra o incapacidad de cumplir con los pedidos, el impacto negativo se traslada a las empresas más grandes que dependen de ellos. Esto no solo afecta la operación de las pymes, sino que también puede desencadenar una reacción en cadena que afecte a la economía en su conjunto. Las pymes, en su mayoría, actúan como proveedores de insumos o subcontratistas para grandes industrias, lo que las convierte en un eslabón crítico en el funcionamiento de la economía nacional.

La situación actual exige medidas urgentes y efectivas por parte de las autoridades para mitigar la crisis de liquidez y frenar el aumento de cheques rechazados. Sin un enfoque integral que contemple la reestructuración del financiamiento y el apoyo a las pymes, el panorama económico podría tornarse aún más sombrío, poniendo en riesgo la estabilidad de un sector que es fundamental para el desarrollo del país.