El reciente análisis del empleo en el sector público argentino revela un panorama preocupante. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en noviembre de 2023, más de 67.000 empleados han dejado de formar parte del Estado, marcando un ajuste significativo en la estructura laboral del país. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la cifra exacta de trabajadores que perdieron su puesto asciende a 67.253, lo que representa una reducción notable en la plantilla del empleo público en un período de apenas 28 meses.
La mayoría de estos despidos se han concentrado en la Administración Pública Nacional (APN), donde el número de empleados ha pasado de 233.098 en el momento de la asunción de Milei a solo 187.734 en la actualidad. Esta caída de 45.364 trabajadores evidencia un recorte drástico en un sector que tradicionalmente ha sido considerado esencial para el funcionamiento del Estado. El informe desglosa que, dentro de esta reducción, 22.975 empleados pertenecían a la administración descentralizada, 16.893 a la administración centralizada, 3.885 a la administración desconcentrada y 1.611 a otros entes.
Otro sector afectado ha sido el de “Empresas y sociedades”, que también ha visto una disminución significativa en su plantilla. En noviembre de 2023, había 110.259 trabajadores en este ámbito, mientras que en marzo de 2026 la cifra se ha reducido a 88.370, lo que representa una pérdida de 21.889 empleos. Este fenómeno se debe en parte a la reestructuración y cierre de diversas entidades estatales, así como a procesos de privatización que han llevado a la disolución de puestos de trabajo.
El contexto de estos despidos no puede entenderse sin considerar la política económica implementada por el gobierno de Milei. Desde su llegada, se ha promovido un enfoque de austeridad que ha implicado la eliminación de numerosas áreas dentro de la APN, así como la reconfiguración de funciones en otras. Esta estrategia ha llevado a que muchas estructuras que antes eran fundamentales para el funcionamiento del Estado hayan desaparecido, generando un efecto dominó en la pérdida de empleo.
El tercer mes de 2026 ha continuado con esta tendencia de reducción de personal. De acuerdo con los datos, en total se contabilizan 276.104 trabajadores en todos los niveles de gobierno, lo que representa una caída de 818 empleados en comparación con febrero. Este ajuste se ha presentado tanto en la Administración Pública Nacional, que perdió 479 trabajadores, como en el sector de Empresas y sociedades, con una reducción de 339 puestos.
Si se examina más a fondo la situación en la APN, se puede observar que la mayor parte de las bajas se concentraron nuevamente en la administración descentralizada. En este ámbito, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ha sido uno de los más afectados, con una reducción de 135 empleados. Otros organismos como el INTA y la Comisión Nacional de Energía también han sufrido recortes significativos, lo que pone de manifiesto la magnitud del ajuste en el sector público argentino.
En conclusión, el recorte de personal en el empleo público bajo la administración de Milei no solo refleja una política de austeridad, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro de la función pública en Argentina. A medida que avanzan los meses, será crucial observar cómo estas decisiones impactan no solo en la economía, sino también en la calidad de los servicios que el Estado ofrece a la población.
