El anuncio del Gobierno sobre la posibilidad de que la industria automotriz acceda al Régimen de Inversión para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, fue recibido con gran expectativa en el sector. Esta iniciativa se visualizó como un pilar fundamental para impulsar el desarrollo productivo de la industria automotriz argentina en los próximos años. Sin embargo, a dos años y medio de su lanzamiento, el escenario ha cambiado drásticamente y las expectativas iniciales han dado paso a una realidad que plantea serias interrogantes sobre la viabilidad de este programa.
El RIGI se presenta como un régimen atractivo que promete estabilidad en las reglas impositivas y arancelarias por un periodo de 30 años. Este aspecto es crucial para un sector que enfrenta severas crisis de competitividad dentro del contexto industrial argentino. Una de las ventajas más significativas que ofrece el RIGI es la exención del pago de derechos de exportación para los vehículos manufacturados bajo este programa, lo cual podría haber representado un alivio financiero considerable para las empresas involucradas en la producción de automóviles.
No obstante, las condiciones impuestas para acceder al RIGI han resultado ser un obstáculo considerable. Para poder aplicar, las empresas deben presentar un modelo de vehículo que cuente con un sistema de propulsión sustentable, lo que incluye opciones como la electrificación o el uso de hidrógeno. Además, se exige la creación de una nueva entidad formal que opere bajo un doble CUIT, lo que implica la necesidad de separar las operaciones de los productos que se incluyen en el RIGI de aquellos que no. Esta complejidad burocrática ha llevado a que varias empresas desistan de participar en el programa.
Recientemente, el Gobierno decidió extender el plazo de inscripción del RIGI por un año adicional, lo que ha generado un leve resurgir de las esperanzas para algunas compañías. Sin embargo, este beneficio a corto plazo no siempre resulta suficiente para motivar a las automotrices a realizar el esfuerzo adicional que implica adecuarse a las exigencias del régimen. En este momento, parece que solo dos marcas están considerando seriamente ingresar al RIGI: Toyota y Volkswagen.
Un factor que complica aún más la decisión de las empresas automotrices es la existencia de la Ley de Promoción de la Industria Automotriz, vigente desde 2022. Esta normativa establece que todos los vehículos nuevos producidos en Argentina están exentos de retenciones a la exportación hasta el año 2031. Dado que los nuevos modelos lanzados desde septiembre de 2022 ya cuentan con este beneficio, las marcas podrían optar por no participar en el RIGI, ya que el esquema de incentivos que este ofrece se torna menos atractivo.
Los plazos de desarrollo de nuevos modelos en la industria automotriz son considerablemente largos, generalmente ocupando un mínimo de cuatro años. A pesar de que la utilización de plataformas compartidas puede acelerar este proceso, la realidad es que el desarrollo de un nuevo modelo nunca toma menos de dos años. Esto se debe a que las adaptaciones necesarias en las líneas de producción requieren paradas técnicas, donde se realizan cambios en la maquinaria y dispositivos de ensamblaje, lo que se traduce en días de inactividad productiva. En consecuencia, los anuncios de inversión que se han realizado en torno a la industria automotriz deben ser analizados con cautela, ya que su concreción podría verse afectada por estas realidades operativas.
En resumen, la falta de interés por parte de la industria automotriz en participar en el RIGI refleja una compleja interacción de factores económicos, normativos y operativos que afectan a las empresas en el contexto actual. Mientras el Gobierno busca promover el desarrollo del sector, las automotrices evalúan sus opciones con un enfoque pragmático, priorizando aquellos beneficios que puedan ofrecerles una mayor estabilidad y previsibilidad en un clima de negocios incierto.
