La circulación de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha experimentado una drástica reducción, con caídas que alcanzan hasta el 40% en ciertos servicios. Este fenómeno se debe principalmente al notable incremento en el precio del combustible, un factor que ha impactado de manera directa en la oferta del transporte público en la región. Un informe reciente elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) destaca que, en términos generales, la disponibilidad de unidades se ha reducido en un 30% respecto a los niveles habituales, siendo el efecto más pronunciado en los servicios interjurisdiccionales que conectan distintas jurisdicciones.

El análisis proviene del Reporte de Tarifas y Subsidios Nº 37, que es parte del trabajo del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP). Este documento detalla la situación del sistema de transporte público, evidenciando que la disminución de la oferta no es un fenómeno aislado, sino que responde a una serie de factores interrelacionados. En particular, el informe señala que los servicios que dependen del financiamiento del Estado nacional y de la Provincia de Buenos Aires han sufrido una contracción aún mayor, alcanzando el 40%, mientras que aquellos colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han visto una reducción más moderada, de aproximadamente el 5%. Esta disparidad resalta las diferentes realidades de los sistemas de transporte en las diversas jurisdicciones del AMBA.

El informe identifica la guerra en Irán como un elemento que ha influido en el aumento del costo del combustible, lo que a su vez ha llevado a las empresas de transporte a reducir su oferta debido a la creciente presión financiera. Los autores del estudio enfatizan que este incremento abrupto en los costos ha llevado a una contracción en el servicio de transporte público, lo que genera preocupación entre los usuarios y en las autoridades encargadas de la movilidad en la región.

Sin embargo, el problema no se limita únicamente al aumento del combustible. El informe también aborda cuestiones estructurales que han afectado la capacidad operativa de la flota de colectivos, que ya mostraba signos de debilidad antes de la reciente crisis. De hecho, los datos revelan que la flota de marzo de 2026 era un 12% inferior a la de 2019, lo que equivale a la falta de 2.359 unidades en circulación. Esta disminución en la cantidad de colectivos disponibles ha contribuido a la situación actual, donde la demanda de transporte público se ve insatisfecha y los usuarios enfrentan mayores dificultades para trasladarse.

Desde una perspectiva fiscal, el informe pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar el sistema de subsidios que sostiene a las empresas de transporte. Según el IIEP, para mantener el nivel de servicio actual, se estima que se requeriría un aumento de aproximadamente $17.500 millones en subsidios mensuales. Esta necesidad se origina en el hecho de que los subsidios vigentes fueron calculados con un precio del combustible de $1.744 por litro, mientras que el valor de mercado actual supera los $2.100. Esta discrepancia ha generado una presión financiera considerable sobre el sistema de transporte, lo que ha llevado a la reducción de la oferta y a la insatisfacción generalizada entre los pasajeros.

El análisis también considera cómo se distribuye este esfuerzo fiscal entre los distintos niveles de gobierno. De los $17.500 millones necesarios, se estima que $7.595 millones corresponden al Estado nacional, $8.155 millones a la Provincia de Buenos Aires y $1.750 millones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta distribución pone de relieve el papel crucial que juegan las distintas administraciones en el sostenimiento del transporte público, y la necesidad de una coordinación efectiva para abordar esta crisis.

Finalmente, el informe plantea que una posible solución para mitigar el impacto del aumento de costos sería trasladar parte de este incremento a las tarifas de los usuarios. Sin embargo, esta medida podría resultar impopular y desincentivar aún más el uso del transporte público, generando un dilema para las autoridades. La situación actual del transporte en el AMBA plantea un desafío significativo que requiere no solo medidas inmediatas para estabilizar el sistema, sino también una reflexión profunda sobre la sostenibilidad y la calidad del transporte público en el futuro.