El ex presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Demian Reidel, se presentó de forma voluntaria ante la Justicia federal en el contexto de una investigación que indaga sobre supuestos gastos irregulares realizados con tarjetas corporativas de la compañía. En su declaración, Reidel negó rotundamente haber incurrido en consumos relacionados con categorías polémicas, tales como compras en free shops, visitas a discotecas, peluquerías y entretenimiento turístico.
En un documento presentado ante el tribunal, Reidel manifestó su total disposición para colaborar con la investigación y rechazó categóricamente cualquier acusación que se formule en su contra. Afirmó: “No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía la responsabilidad de supervisar los gastos realizados por el personal de la empresa”. Este pronunciamiento se produce en un contexto de creciente atención mediática y pública sobre la transparencia en el manejo de fondos en empresas estatales.
La imputación contra Reidel surge tras la difusión de información relacionada con gastos efectuados a través de tarjetas corporativas vinculadas a Nucleoeléctrica, en el marco de un expediente impulsado por el fiscal federal Ramiro González. Este caso ha generado un amplio debate sobre la rendición de cuentas en el sector público y ha puesto en el centro de la escena la necesidad de clarificar las políticas de gastos en entidades estatales.
El ex funcionario subrayó que los resúmenes de la tarjeta a su nombre no muestran consumos en categorías cuestionadas, tales como entretenimientos nocturnos o servicios de estética. En su defensa, enfatizó que la única información que se encuentra en su tarjeta se limita a gastos de hospedaje, pasajes aéreos, traslados y servicios aeroportuarios, todos relacionados con actividades institucionales y su participación en foros internacionales, como el Organismo Internacional de Energía Atómica y la Asamblea General de Naciones Unidas.
Reidel también hizo hincapié en que la denuncia en su contra se basa en un conjunto amplio de operaciones realizadas con múltiples tarjetas corporativas de la empresa, sin identificar al responsable de cada gasto. “Atribuirme responsabilidad penal por consumos que no realicé y que corresponden a otros usuarios de tarjetas, no solo carece de fundamento jurídico, sino que resulta ilógico”, agregó en su escrito, enfatizando su inocencia en la causa.
En su presentación, el ex presidente de Nucleoeléctrica también anticipó que, de continuar la investigación, solicitará una serie de medidas de prueba. Entre estas, se incluye la incorporación de resúmenes de su tarjeta corporativa y la identificación de los usuarios de todas las tarjetas vinculadas a la cuenta objeto de investigación. Además, propuso un peritaje contable que permita diferenciar y analizar los consumos realizados con su tarjeta de los otros gastos, con el fin de comprobar que no se han producido irregularidades.
Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre la ética en la gestión pública y la necesidad de mantener altos estándares de transparencia en el uso de recursos estatales. Con el avance de la tecnología y la digitalización de los procesos, se hace imprescindible que las instituciones adopten mecanismos de control más rigurosos para prevenir abusos y garantizar la correcta utilización de los fondos públicos. La situación de Reidel representa un ejemplo de lo que puede suceder cuando la rendición de cuentas no es clara y accesible, generando así un escenario de desconfianza en la administración pública.
