La crisis energética que enfrenta el sur de Asia, originada por el conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, ha generado una situación alarmante para las naciones de la región. Este estrecho, que representa un 20% del transporte mundial de crudo y gas natural licuado, se convierte en un factor crítico cuando observamos que un 89% de ese volumen se dirige a Asia. La interrupción de este vital flujo energético ha desencadenado una serie de restricciones y medidas de emergencia por parte de los gobiernos, quienes buscan salvaguardar el suministro energético y mitigar el impacto sobre sus economías.

La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico de la ONU ha emitido advertencias sobre las posibles consecuencias económicas de esta crisis. Se estima que el crecimiento de las economías en desarrollo de la región podría desacelerarse hasta un 4% para el año 2026, un descenso que representa un cambio significativo respecto al 4,6% alcanzado en 2025. Este panorama sombrío no solo pone en riesgo el crecimiento económico, sino que también podría acentuar problemas estructurales como la pobreza, la inseguridad alimentaria y la desigualdad social, afectando a millones de personas en el continente.

En el caso de India, que se erige como el segundo mayor importador mundial de gas licuado de petróleo (GLP), la situación es crítica. El país depende del estrecho de Ormuz para el 90% de sus importaciones, lo que lo coloca en una posición vulnerable frente a la crisis. Ante esta realidad, el gobierno ha implementado medidas de racionamiento que priorizan el suministro doméstico, dejando en un segundo plano a sectores como la hostelería. Asimismo, el Ejecutivo está trabajando para aumentar la capacidad de su red de gas por tuberías, buscando reducir la dependencia de las importaciones en medio de esta difícil coyuntura.

El contexto se complica aún más en Sri Lanka, donde el costo de los combustibles ha aumentado un 35%, acercándose a los niveles que se registraron durante el colapso económico de 2022. Las autoridades han tenido que recurrir a la implementación de un sistema de cuotas utilizando códigos QR para regular el acceso a los combustibles, además de reducir las horas laborales de los funcionarios para mitigar el gasto energético. Estas medidas, aunque necesarias, reflejan la gravedad de la crisis que enfrenta la nación insular.

Pakistán, por su parte, ha experimentado un aumento histórico en los precios de los combustibles, con incrementos que han llegado hasta el 20%. Para evitar que la situación se descontrole, el gobierno ha adoptado un drástico paquete de medidas de ahorro que incluye la reducción de los límites de velocidad en las autopistas, el cierre de escuelas durante dos semanas y la implementación de una semana laboral de cuatro días para los funcionarios. Estas decisiones buscan no solo conservar recursos, sino también aliviar la presión sobre las reservas energéticas del país.

En Bangladés, la reacción del gobierno ha sido rápida y contundente. Se decidió retirar de inmediato una orden de racionamiento que limitaba la venta de combustible, optando en su lugar por congelar los precios en las estaciones de servicio. Esta decisión busca evitar un mayor impacto en una economía que ya enfrenta una inflación superior al 9%. Sin embargo, la compañía estatal de petróleo ha asumido pérdidas significativas para mantener los precios estables, aunque esto ha llevado a cortes de luz debido a la falta de gas para las plantas eléctricas.

Finalmente, Afganistán ha logrado mantener un flujo comercial estable con Irán, su principal socio energético, lo que ha permitido que el país navegue la crisis energética con un poco más de estabilidad. Las importaciones de energía de Irán han sido cruciales para mitigar los efectos del conflicto en la región. Sin embargo, el futuro sigue siendo incierto y dependerá de la evolución del conflicto en Oriente Medio y las respuestas de cada país ante esta crisis multifacética.