La situación del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ha alcanzado un estado crítico, con las empresas del sector reportando pérdidas que ascienden a $370 millones por día. Esta alarmante cifra fue comunicada por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), que agrupa a diversas cámaras empresariales. La causa principal de este descalabro financiero se encuentra en la disparada de los precios del gasoil, un insumo fundamental para la operación de los colectivos, que ha llevado a una drástica reducción de frecuencias en el servicio, afectando a millones de usuarios en la última semana.

El conflicto radica en la inconsistencia entre el costo real del gasoil y el precio que el Estado reconoce en su estructura de costos. Según la AAETA, el precio asignado por la Secretaría de Transporte de la Nación para abril de 2026 es de $1.744,27 por litro. Sin embargo, el precio en las estaciones de servicio, como YPF, se eleva hasta los $2.065, generando una diferencia de $320,73 por litro. Este desfase no solo impacta a las empresas de transporte, sino que también pone en riesgo la continuidad del servicio público.

La situación se complica aún más cuando se considera que las empresas deben adquirir el combustible a precios que pueden llegar a ser de hasta $2.444 por litro en el mercado mayorista. Este aumento de costos no se ha visto reflejado en las tarifas de los pasajes, que permanecen congeladas en un contexto de inflación creciente y costos operativos disparados. La AAETA ha señalado que la estructura de costos se basa en cifras desactualizadas, lo que agrava la crisis que atraviesan las empresas de transporte.

Además de los problemas locales, el incremento en el precio del gasoil está vinculado a factores globales. Desde el inicio del conflicto bélico en Medio Oriente, los precios del combustible han aumentado significativamente a nivel internacional, sumando presión a un sector que ya se encuentra en una situación delicada. Las empresas de colectivos del AMBA consumen más de un millón de litros de gasoil diariamente, lo que representa un gasto anual de aproximadamente $870 mil millones, cifra que se vuelve insostenible sin un ajuste en las tarifas o un subsidio adecuado.

Ante esta crisis, las empresas han implementado lo que denominan una “readecuación operativa de emergencia”, lo que se traduce en una reducción drástica de las frecuencias de los servicios. Esta medida ha sido necesaria para afrontar el creciente déficit, el cual ha sido calificado por la AAETA como crítico. Es importante destacar que esta reducción de frecuencias no se debe a un paro o medida de fuerza por parte de los trabajadores, sino que es una reacción a la situación financiera insostenible que enfrentan las empresas.

La falta de actualización en las compensaciones tarifarias ha llevado a que el déficit diario de $370 millones se convierta en un obstáculo casi insuperable para mantener la regularidad del servicio. La situación no solo afecta a las empresas, sino que también impacta directamente en los usuarios, quienes se ven obligados a enfrentar mayores tiempos de espera y una oferta de servicio cada vez más limitada. En este contexto, es fundamental que se busquen soluciones a corto y largo plazo que permitan reestablecer la viabilidad económica del transporte público en una de las áreas más pobladas del país.