El trágico caso de Ángel Nicolás López, un niño de apenas cuatro años que falleció el 6 de abril en Comodoro Rivadavia, ha tomado un rumbo judicial crítico. La situación se intensificó cuando su padre, Luis Armando López, presentó una ampliación de la denuncia penal en la que solicita la detención inmediata de la madre, Mariela Beatriz Altamirano, y el padrastro, Maicol González, bajo la acusación de homicidio agravado. Esta nueva denuncia alega que la muerte del menor no fue un accidente, sino el resultado de un prolongado contexto de maltrato físico y negligencia.

En el documento presentado ante la fiscalía, López, con la representación del abogado Roberto Castillo, sostiene que el deceso de Ángel fue el desenlace inevitable de un entorno hostil y violento. La acusación destaca la existencia de “una pluralidad de comportamientos convergentes” que contribuyeron al fatal desenlace. La autopsia realizada al menor fue fundamental, ya que reveló lesiones traumáticas en el cráneo que no pueden ser asociadas a una muerte natural o accidental, sino que son indicativas de un episodio de violencia extrema.

Además de las pruebas físicas, testimonios de vecinos han sido vitales para construir el caso. Algunos de ellos afirmaron haber escuchado gritos provenientes de la vivienda y presenciado discusiones donde la madre recriminaba al padrastro por maltratar al niño, expresando frases como: “¡Vos le pegás al mío!”. Estos relatos refuerzan la hipótesis de que la fatalidad de Ángel estaba ligada a un ambiente familiar marcado por la violencia y la falta de protección.

El pedido de detención no solo se fundamenta en la gravedad de las acusaciones, sino también en la existencia de riesgos procesales. Según la denuncia, el día del homicidio, los acusados habrían incinerado prendas de Ángel con el objetivo de deshacerse de posibles evidencias que pudieran incriminarlos. Adicionalmente, se menciona un presunto plan de fuga hacia El Dorado, Misiones, que habría sido orquestado por Altamirano con la complicidad de un familiar, lo que añade un nivel de preocupación sobre la posibilidad de que evadan la justicia.

La querella no escatima en criticar el accionar del sistema judicial, señalando que se priorizaron los formalismos por encima de la protección del menor. “Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales a la vida de un niño que imploró por ayuda”, expresaron en el documento, mientras la Justicia evalúa la petición de arresto. Esta crítica se torna aún más severa al mencionar a funcionarios específicos, como el juez de Familia Pablo José Pérez y la asesora Verónica Roldán, a quienes acusan de haber creado un escenario de desprotección que facilitó el crimen.

El relato de la querella es escalofriante, pues describe cómo el sistema judicial rechazó en tres ocasiones la restitución de Ángel a su madre biológica al considerar que no era un ambiente seguro. En febrero de 2026, durante una audiencia, el niño manifestó que su lugar seguro era con su madre de crianza, Lorena Andrade, desestimando a Altamirano como figura afectiva. Sin embargo, no se tomaron medidas de protección, lo que dejó al niño en una situación de vulnerabilidad.

Finalmente, en marzo, se dispuso una restricción perimetral que aisló a Ángel de su familia paterna y de su madre de crianza, dejándolo solo bajo el cuidado de quienes hoy son sospechosos de su muerte. Castillo relaciona este caso con el de Lucio Dupuy, sugiriendo que podría haber existido un incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 27.709, conocida como Ley Lucio, que se enfoca en la detección temprana y la protección de la infancia. La situación invita a una profunda reflexión sobre la responsabilidad de las instituciones en la salvaguarda de los derechos de los niños en situaciones vulnerables.