La intención del Gobierno de privatizar Intercargo ha suscitado una creciente preocupación, especialmente considerando que el precio base establecido es inferior al valor de los activos corrientes de la empresa. Intercargo, que se encarga de ofrecer servicios de rampa y transporte de pasajeros en los principales aeropuertos argentinos, reportó un superávit de 20 millones de dólares en el último año. Sin embargo, el Ejecutivo fijó en 45 millones de dólares el precio mínimo para su venta, a pesar de que la compañía cuenta con activos corrientes que ascienden a 55 millones de dólares. Esta discrepancia ha generado cuestionamientos sobre la viabilidad y la lógica detrás de la privatización, especialmente en un contexto donde se teme que las rutas menos rentables puedan quedar desatendidas.
La situación fiscal del país se presenta compleja, con una recaudación que ha mostrado signos de debilidad, lo que ha llevado al Gobierno a buscar alternativas para cubrir el déficit. En este marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha manifestado su intención de generar ingresos a través de privatizaciones y concesiones, esperando captar alrededor de 2.000 millones de dólares hasta fin de año. Sin embargo, la estrategia de liquidar activos para cubrir gastos corrientes ha despertado críticas, ya que muchos advierten sobre el riesgo de comprometer el capital a largo plazo.
El informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Congreso, proporcionó información detallada sobre Intercargo. La empresa no solo posee 55 millones en activos corrientes, sino que también cuenta con 38 millones en activos fijos distribuidos en aeropuertos de todo el país, incluyendo rampas, vehículos y equipos de oficina. Este inventario, realizado a finales del año pasado, revela que el valor total de los activos de Intercargo podría alcanzar los 93 millones de dólares, lo que contrasta fuertemente con el precio base de venta. La falta de pasivos significativos en el balance de la compañía refuerza aún más la percepción de que se está subestimando el valor de la empresa.
Diego Chaher, director de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, ha sido claro en su enfoque: el objetivo es vender todas las empresas estatales, independientemente de su estado financiero. “La orden presidencial es vender todo”, afirmó Chaher, lo que sugiere que las decisiones se están tomando sin tener en cuenta el impacto económico real de tales privatizaciones. Este enfoque ha generado inquietud entre analistas y ciudadanos, quienes temen que la venta de activos en condiciones desfavorables pueda comprometer servicios esenciales para la población.
Los cuestionamientos sobre la sostenibilidad del modelo propuesto por el Gobierno se intensifican. Muchos expertos advierten que la estrategia de privatizar empresas superavitaras para cubrir gastos corrientes podría no ser la solución más adecuada. A medida que la economía se enfrenta a desafíos significativos, es crucial evaluar si la venta de activos es la mejor manera de garantizar la estabilidad a largo plazo del país. En este sentido, la falta de un plan coherente y sustentable resulta alarmante.
En conclusión, la privatización de Intercargo se presenta como un tema polémico que no solo involucra factores económicos, sino también sociales. La posibilidad de que destinos turísticos menos rentables queden desprovistos de servicios esenciales plantea preocupaciones sobre el acceso y la calidad del transporte aéreo en el país. La decisión de privatizar debe ser analizada con cuidado, considerando no solo el impacto inmediato en la recaudación, sino también las consecuencias a largo plazo para la infraestructura y los servicios públicos en Argentina.
