La investigación sobre presuntos sobornos de droguerías a ex funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), incluido su ex titular Diego Spagnuolo, ha alcanzado una fase crucial esta semana. Un Tribunal de Apelaciones se dispone a revisar la causa, que involucra a 19 procesados, y que ha llegado a esta instancia tras ser cuestionada por las defensas. Las apelaciones se están tramitando en la sala II de la Cámara Federal, situada en Comodoro Py 2002.

Los magistrados Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah han establecido el 26 de marzo como la fecha límite para que las defensas presenten sus memoriales escritos. Además, tendrán la opción de exponer sus argumentos oralmente si así lo solicitan. Posteriormente, los jueces deliberarán y tomarán una decisión que podría influir en el futuro del caso, incluyendo la posibilidad de confirmar o revocar los procesamientos dictados por el juez federal Sebastián Casanello, quien dejó su cargo en el juzgado federal 11, ahora subrogado por Ariel Lijo.

La pesquisa, que está bajo la supervisión de la fiscalía federal de Franco Picardi, investiga la posible existencia de una asociación ilícita, así como negociaciones incompatibles y cohecho. El caso ha sido alimentado por escuchas telefónicas, allanamientos y embargos millonarios, con la incautación de cientos de miles de dólares. La defensa de Spagnuolo argumenta que las acusaciones son meras conjeturas y que no hay pruebas suficientes para sostener un procesamiento por asociación ilícita o cohecho. Además, se encuentran en curso apelaciones de otros acusados, como la ex funcionaria del Ministerio de Economía, Ornella Calvete, quien defiende que el dinero hallado en su domicilio no le pertenece.