La deuda externa pública de Bolivia alcanzó los 14.418,1 millones de dólares al 31 de mayo de 2026, lo que representa un incremento significativo de 988,3 millones de dólares respecto a los 13.429,8 millones reportados a finales de marzo de este año. Esta información fue proporcionada por el Banco Central de Bolivia (BCB), que ha estado monitoreando de cerca la situación financiera del país en medio de un contexto económico desafiante. Este crecimiento en la deuda resalta la presión financiera a la que se enfrenta el país andino, que se encuentra en medio de una crisis económica y social.
Del total de la deuda externa, un 70,6% corresponde a préstamos multilaterales, que suman 10.173,6 millones de dólares. La deuda bilateral se sitúa en 1.904,3 millones de dólares, lo que representa el 13,2% del total, mientras que los títulos de deuda alcanzan 2.286,9 millones de dólares, equivalente al 15,9%. La deuda con acreedores privados es relativamente baja, con un monto de 53,3 millones de dólares, es decir, un 0,4% del total. Esta estructura de la deuda muestra una fuerte dependencia de Bolivia de los organismos internacionales y de otros países para financiar su desarrollo y cubrir sus necesidades básicas.
Entre los principales acreedores multilaterales, se destaca el papel del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que representa el 30,5% del total de la deuda, con 4.394,8 millones de dólares. Otros actores clave en la financiación del país son el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Mundial, que aportan 3.330,4 millones y 1.719,3 millones de dólares, respectivamente. Esta concentración de deuda en pocos organismos internacionales puede ser motivo de preocupación, ya que limita la capacidad del gobierno boliviano para maniobrar financieramente y diversificar sus fuentes de financiamiento.
En el ámbito bilateral, China se posiciona como el principal acreedor de Bolivia, con 1.068,4 millones de dólares, seguido por Francia y Alemania, con 680,1 millones y 93,5 millones de dólares, respectivamente. Este hecho subraya la creciente influencia de China en la región y su papel fundamental en la financiación de proyectos de infraestructura y desarrollo en Bolivia. Sin embargo, la dependencia de préstamos de países específicos podría acarrear riesgos económicos y políticos en el futuro, especialmente si hay cambios en las relaciones diplomáticas.
La economía boliviana atraviesa un periodo de turbulencia, exacerbado por protestas y bloqueos de carreteras que comenzaron a principios de mayo, impulsados por sindicatos de trabajadores y campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Estas manifestaciones han tenido un impacto severo en la economía del país, con pérdidas estimadas en más de 2.760 millones de dólares, según la Cámara Nacional de Industrias (CNI). La situación actual evidencia la fragilidad del entorno económico y la disconformidad social con las políticas del gobierno.
Antes de la escalada de conflictos, los organismos internacionales habían pronosticado que la economía de Bolivia podría contraerse un 3,3% en 2026, sumándose a la caída del 1,58% registrada en 2025. Estos datos reflejan un panorama sombrío para el país, que debe encontrar un equilibrio entre la necesidad de financiamiento externo y la gestión de su deuda, mientras enfrenta presiones sociales y económicas que amenazan su estabilidad a largo plazo. La situación requiere una atención urgente tanto por parte del gobierno como de los actores económicos y sociales para evitar un deterioro aún mayor de la situación económica y social del país.
