Bolivia enfrenta un nuevo desafío económico tras la reciente decisión de un tribunal internacional que obliga al país a indemnizar al banco español BBVA con 105 millones de dólares. Este laudo se origina de un arbitraje en el que el Estado boliviano perdió ante la entidad financiera, que administró durante más de 25 años el sistema de pensiones de trabajadores en el país. Con este fallo, la deuda total de Bolivia por arbitrajes internacionales supera los 479,9 millones de dólares, lo que genera preocupación sobre la salud financiera del país.
El Tribunal Supremo de los Países Bajos, en su reciente resolución, desestimó un recurso presentado por el Estado boliviano que buscaba anular el laudo arbitral emitido en 2022. La Procuraduría General del Estado, a través de su titular Hugo León, confirmó que se han agotado todas las instancias legales y que el pago es ahora una obligación jurídica ineludible. "Este fallo es firme, definitivo e irreversible", aseguró León, dejando claro que el gobierno ha empleado todos los mecanismos legales a su disposición.
La controversia que llevó a esta situación data de 2010, cuando el gobierno de Evo Morales nacionalizó el sistema privado de pensiones, que hasta ese momento estaba en manos de BBVA Previsión y otra compañía. En respuesta a esta medida, el Estado boliviano creó la Gestora Pública de Pensiones, que comenzó a funcionar en 2023 después de un proceso gradual de implementación. Sin embargo, la falta de un acuerdo satisfactorio entre el gobierno y el banco español en torno a la valoración del negocio de las AFP llevó a BBVA a presentar una demanda en 2018 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El fallo del Ciadi en 2022 fue favorable para el banco, indicando que Bolivia debía compensar a BBVA por la pérdida de sus inversiones en el país. A pesar de los intentos del gobierno boliviano de revertir esta decisión, el Tribunal Supremo de los Países Bajos ratificó el laudo, incrementando así la deuda externa de Bolivia en un momento crítico. De acuerdo con informes recientes, la deuda por arbitrajes de inversión asciende a 444,6 millones de dólares, mientras que otros 33,2 millones corresponden a juicios comerciales, de los cuales el país solo ha ganado dos de los 28 arbitrajes presentados en el ámbito internacional.
Esta situación se agrava en un contexto de crisis económica que atraviesa Bolivia, que ha visto una desaceleración sostenida desde 2014. La caída en la producción de hidrocarburos y la disminución de los ingresos petroleros han llevado al país a enfrentar serias dificultades financieras. En 2023, la falta de dólares para transacciones ha obligado al gobierno a imponer restricciones, lo que ha dado lugar a un mercado paralelo de divisas y ha incrementado la presión inflacionaria sobre la población.
El impacto de esta condena financiera puede ser profundo, no solo en términos de las obligaciones de pago, sino también en la confianza de los inversores extranjeros. Bolivia, que disfrutó de un periodo de bonanza económica durante la última década gracias a la exportación de materias primas, ahora se enfrenta a un futuro incierto. Esta situación podría limitar aún más las posibilidades de atraer nuevas inversiones y fomentar un ambiente propicio para el desarrollo económico del país, lo que plantea interrogantes sobre las políticas económicas que se implementarán en el futuro inmediato.
