En un contexto económico complejo, la semana pasada se anunciaron importantes avances en la colaboración entre el Gobierno argentino y dos de las principales instituciones financieras internacionales: el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos organismos confirmaron su apoyo a la administración de Luis Caputo, comprometiéndose a ofrecer garantías por un total de 2.000 millones de dólares y 550 millones de dólares, respectivamente. Este respaldo se considera crucial para facilitar el refinanciamiento de los elevados compromisos de deuda que enfrenta el Tesoro argentino durante el resto del año 2026, en medio de un panorama financiero desafiante.
Sin embargo, a pesar de la aparente buena noticia que representa el apoyo internacional, los informes provenientes del ámbito financiero sugieren que estas acciones han contribuido a un aumento significativo de la "deuda senior" del país. Según un análisis de la consultora 1816, la deuda bruta en moneda extranjera del Gobierno, incluyendo al Banco Central, se incrementó en aproximadamente 24.800 millones de dólares entre noviembre de 2023, último mes del gobierno de Alberto Fernández, y marzo de 2026, alcanzando un total de 211.800 millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2026. Este aumento es preocupante, especialmente porque la deuda senior, que representa los compromisos más prioritarios, creció en 25.700 millones de dólares durante el mismo periodo.
La deuda senior se define como aquella que tiene la máxima prioridad de pago en caso de reestructuración o incumplimiento. Este tipo de deuda, que ocupa la parte superior de la pirámide de pagos, brinda una mayor protección a los acreedores en comparación con la deuda subordinada, que generalmente tiene tasas de interés más bajas. En contraste, durante la gestión de Javier Milei, la deuda junior disminuyó en aproximadamente 900 millones de dólares, gracias a los pagos realizados de bonos Globales y Bonares, aunque también se emitieron nuevos instrumentos de deuda, como los Bopreales.
El aumento notable de la deuda senior plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas argentinas. Según el informe de 1816, de los 25.700 millones de dólares de incremento en la deuda senior, 20.200 millones corresponden a compromisos del Tesoro con organismos internacionales. De esta cifra, se destaca un aumento de 15.200 millones de dólares en el pasivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como contribuciones significativas del Banco Mundial y el BID, incluso antes de los anuncios recientes. Además, se contabilizan 5.500 millones de dólares adicionales atribuibles a un incremento en la deuda senior del Banco Central, relacionado con las operaciones de repos firmadas con entidades bancarias internacionales.
La deuda en dólares del Gobierno se ha vuelto un pilar fundamental para el programa económico que lleva adelante Luis Caputo. En este sentido, el economista Jorge Carrera, investigador del Conicet, señala que la participación del FMI como acreedor relevante puede resultar beneficiosa, ya que actúa como un vigilante de la solvencia macroeconómica y como un coordinador de los acreedores. Sin embargo, advierte que este efecto positivo tiene sus límites, y cuando la participación del FMI y otros organismos multilaterales se vuelve significativa, puede surgir una externalidad negativa: la ultra prioridad en el cobro de la deuda, lo que podría complicar aún más la situación en caso de reestructuraciones futuras.
El análisis de la evolución de la deuda senior revela que ha pasado de representar el 53,3% de la deuda en moneda extranjera del Tesoro y el Banco Central en noviembre de 2023, a un alarmante 59,2% al finalizar marzo de 2026. Esta tendencia sugiere que la estructura de la deuda se está volviendo cada vez más peligrosa, ya que una mayor proporción de los compromisos de pago se está concentrando en los créditos de mayor prioridad, lo que podría limitar la flexibilidad del Gobierno para hacer frente a futuros desafíos económicos.
A medida que la administración de Caputo continúa los esfuerzos para encaminar los pagos y estabilizar la economía, la creciente carga de la deuda senior se presenta como un desafío que deberá ser abordado con urgencia. La capacidad del Gobierno para gestionar esta situación será crucial no solo para garantizar la solvencia fiscal, sino también para recuperar la confianza de los inversores y mejorar las perspectivas económicas del país a largo plazo.
