El gobierno argentino comunicó en la noche del martes que ha alcanzado un preacuerdo con dos fondos de inversión que mantenían un litigio por la deuda soberana que cayó en default en el año 2001. Este anuncio se realizó a través de una carta dirigida a la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, donde se solicitó la suspensión del proceso judicial que aún estaba en curso.

Los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que habían obtenido sentencias favorables, acordaron la división de un colateral relacionado con los Bonos Brady que estaban embargados y depositados en la Reserva Federal de Estados Unidos. En la carta presentada, se pidió a la jueza Preska que se mantenga en suspenso un pedido específico de Bainbridge, que fecha del 17 de octubre de 2025, el cual exigía la entrega de acciones de la República en entidades como el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas, hasta que se concrete el acuerdo de conciliación.

El origen de este conflicto se remonta a la emisión de bonos en los años 90 bajo el Plan Brady. Tras el default de 2001, Argentina dejó de cumplir con sus obligaciones. A diferencia de otros acreedores, Attestor y Bainbridge optaron por no participar en los canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y en el acuerdo masivo de 2016, eligiendo en su lugar la vía judicial para reclamar el monto total más los intereses correspondientes. La disputa se centró en la identificación de activos argentinos que no estuvieran amparados por la Ley de Inmunidad de Soberanos Extranjeros.