El panorama de los juicios laborales en Argentina ha cobrado protagonismo tras la reciente reforma del sistema. Un informe elaborado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) reveló que durante 2025, se registraron un total de 127.700 litigios laborales, generando un sobrecosto de USD 2.140 millones para el sistema. Esta cifra es alarmante, ya que se traduce en la equivalencia de dos millones de salarios mensuales o el ingreso anual de cerca de 154.000 trabajadores, lo que refleja el peso que estos juicios tienen sobre la economía nacional.
La SRT ha clasificado las provincias argentinas según su nivel de riesgo, considerando tanto la cantidad de juicios como el costo económico que estos representan. Los datos obtenidos indican una marcada concentración territorial de la litigiosidad: las provincias catalogadas como de alto riesgo albergan al 70,6% de los trabajadores y concentran el 71,2% de los juicios. Si se incluyen las provincias de riesgo medio, estos porcentajes se elevan a un 90,4% del empleo y un 86,2% de los litigios, revelando así una preocupante tendencia.
El informe también resalta que, al considerar la composición de la judicialidad —es decir, el porcentaje de juicios rechazados, aquellos sin incapacidad y los no denunciados— se puede obtener un análisis más profundo sobre la naturaleza de estos litigios. Según la SRT, varias jurisdicciones de alto riesgo muestran una composición preocupante, sugiriendo la existencia de juicios especulativos. Entre ellas se destacan la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con un 90%, la provincia de Buenos Aires (88%), y otras como Chubut, Jujuy, Mendoza y Santa Fe, que también presentan altos porcentajes en este sentido.
En contraposición, algunas provincias que presentan un bajo nivel de riesgo, como Catamarca, Corrientes, La Rioja y Río Negro, también evidencian una considerable proporción de juicios que culminan sin incapacidad o son rechazados. Esto sugiere que, aunque el impacto económico de estos litigios sea menor, persiste un componente especulativo que no puede ser ignorado. Por lo tanto, la situación es más compleja de lo que parece a simple vista, ya que la cantidad de litigios no siempre refleja la salud del sistema.
Entre las jurisdicciones que generan un mayor impacto económico por juicios laborales, se destacan Buenos Aires, con 49.100 juicios, seguida por CABA con 25.061, Santa Fe con 18.324, Mendoza con 9.096 y Córdoba con 7.845. Este panorama pone de manifiesto las disparidades que existen entre diversas provincias, reflejadas en indicadores clave como el índice de judicialidad y el sobrecosto por trabajador.
Particularmente en la región de Cuyo, San Luis se presenta como el caso más singular del país, con un índice de judicialidad de 337 y un sobrecosto por trabajador que asciende a USD 837, cifras que superan ampliamente a las de San Juan y Mendoza. Esta diferencia posiciona a San Luis como el distrito más atípico, evidenciando un comportamiento anómalo tanto en la cantidad de litigios como en los costos asociados. Mendoza, aunque también muestra niveles elevados de judicialidad, se encuentra a una distancia considerable de San Luis, lo que indica que su situación, aunque preocupante, es menos extrema.
Finalmente, en la región patagónica, Chubut se destaca no solo por su cantidad de juicios, sino también por el impacto económico que estos generan. Este análisis pone de relieve la necesidad de una revisión exhaustiva del sistema de riesgos laborales y su funcionamiento, así como la importancia de implementar medidas que busquen reducir la litigiosidad y mejorar la salud económica del trabajo en Argentina.
