En un giro inesperado en el ámbito judicial argentino, el abogado Gregorio Dalbón ha elevado una denuncia ante el Consejo de la Magistratura en contra del juez Diego Amarante, quien se desempeña en el ámbito del Derecho Penal Económico. La acusación plantea serias inquietudes sobre la conducta del magistrado, quien supuestamente mantuvo “coordinaciones extraprocesales” con funcionarios de la Agencia de Recaudación de la Ciudad de Buenos Aires (ARCA), en el marco de una causa vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a figuras relevantes como Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino. Esta denuncia se formalizó este lunes, ante el organismo presidido por Horacio Rosatti, en un contexto en el que la independencia del Poder Judicial es un tema candente en la sociedad argentina.

El escrito presentado por Dalbón sostiene que las acciones del juez podrían constituir causales de remoción por mal desempeño en sus funciones, lo que ha generado un gran revuelo en el sector. Según el abogado, la supuesta falta de imparcialidad de Amarante no solo refleja un incumplimiento de normas constitucionales y legales, sino que también implica una negligencia grave en el ejercicio de su cargo. La denuncia se basa en la premisa de que un juez debe actuar con la máxima integridad y neutralidad, y cualquier desviación de estos principios puede socavar la confianza pública en el sistema judicial.

Los antecedentes de la denuncia se enmarcan en un artículo publicado en el medio Data Clave, donde se reveló que Amarante habría ofrecido a ARCA la posibilidad de presentar nuevas denuncias contra la AFA, lo que podría complicar la situación legal de Tapia y Toviggino. Esta revelación ha puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva del comportamiento del juez en el ejercicio de sus funciones, dado que se le atribuye haber cruzado la línea entre su rol como juez y el de un colaborador de la acusación. Dalbón enfatiza que un juez no debe involucrarse en la formulación de estrategias acusatorias, ni sugerir qué medidas deben tomarse para perjudicar a determinadas personas dentro del proceso judicial.

Además, el abogado argumenta que la posible pérdida de imparcialidad de Amarante es un tema de gravedad institucional. La justicia penal no debería ser utilizada como un instrumento de disciplinamiento político o personal, y el proceso judicial no puede convertirse en un mecanismo para perseguir a individuos seleccionados previamente. Esta postura resuena con las preocupaciones más amplias sobre la integridad y la ética en el sistema judicial argentino, donde la percepción de imparcialidad es crucial para el funcionamiento del estado de derecho.

Dalbón también subraya que la existencia de contactos informales entre el juez y ARCA compromete la apariencia de neutralidad, un principio fundamental en la administración de justicia dentro de un sistema republicano. La imparcialidad no solo debe ser un principio teórico, sino que también debe ser palpable para el público. En este sentido, la denuncia plantea interrogantes sobre la capacidad de Amarante para ejercer su función sin conflictos de interés que puedan afectar su juicio.

Finalmente, la denuncia no aborda solo un hecho aislado, sino que resalta las implicaciones de las acciones de Amarante, que ya han resultado en procesamientos, embargos y restricciones personales para los involucrados en la causa. Este contexto sugiere que las supuestas maniobras del juez no deben ser analizadas de manera superficial, dado el impacto que pueden tener en la vida de las personas afectadas y en la percepción general de la justicia en el país. La situación plantea un desafío significativo para la magistratura argentina, que debe demostrar su compromiso con la transparencia y la independencia en todos los niveles.