La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil ratificó una resolución que desestimó una demanda presentada por una automovilista en relación a un accidente que tuvo lugar en 2021 en la Ruta Nacional 188, en La Pampa. La mujer, que viajaba con su madre y su hijo, argumentó que un pozo sin señalización causó el vuelco de su vehículo, un Chery, lo que la llevó a solicitar una compensación económica por los daños sufridos.
El incidente ocurrió el 19 de septiembre de 2021, cuando la conductora se encontró inesperadamente con un bache de gran tamaño en la calzada. Según su relato, la falta de advertencia sobre el estado del camino resultó en la rotura de la rueda delantera derecha y, posteriormente, en el vuelco del automóvil. La demanda fue dirigida contra la Dirección Nacional de Vialidad, a la que se le imputó la responsabilidad por el mantenimiento inadecuado de la ruta.
En primera instancia, el juez encargado del caso desestimó el reclamo, argumentando que la evidencia presentada no lograba establecer un vínculo claro entre el estado del pavimento y el accidente. La magistrada que evaluó el caso consideró que los elementos probatorios eran insuficientes para demostrar que el bache mencionado había sido la causa directa del vuelco. Esta decisión generó descontento en la demandante, quien decidió apelar el fallo.
Durante el proceso de apelación, la automovilista intentó reforzar su posición al presentar un informe elaborado por bomberos voluntarios, una denuncia ante su aseguradora y un dictamen de un ingeniero perito. Sin embargo, la Sala J de la Cámara se centró en analizar la validez de estos documentos. En relación con el informe de los bomberos, se indicó que este era una constatación general que no proporcionaba detalles específicos sobre el pozo que supuestamente provocó el accidente.
La revisión de la denuncia hecha a la aseguradora reveló que, aunque el relato era consistente con lo expuesto en la demanda, no contaba con elementos técnicos que validaran el estado del pavimento en el instante del siniestro. La falta de información concreta dejó en una posición débil la argumentación de la demandante, quien buscaba demostrar la responsabilidad del Estado en el accidente.
Un aspecto crucial de la evaluación del tribunal fue el análisis de los informes periciales. El perito designado describió el tramo de la ruta donde ocurrió el accidente como recto y libre de obstáculos visuales, subrayando que no había datos sobre el estado de los neumáticos en el momento del siniestro. Este detalle se considera fundamental para entender las causas del vuelco, y la falta de información al respecto jugó un papel decisivo en la resolución del caso.
Finalmente, el tribunal concluyó que no existían suficientes elementos técnicos que permitieran reconstruir la mecánica del accidente años después del mismo. Además, se destacó la inviabilidad de determinar el estado exacto de la calzada en un período tan posterior al evento. Así, la apelación fue desestimada y la automovilista no logró obtener la reparación económica que había solicitado, dejando en evidencia las dificultades que enfrentan quienes intentan responsabilizar al Estado por el mantenimiento de las rutas en Argentina.



