La provincia de La Pampa ha decidido apelar el fallo que desestimó una medida cautelar en contra de la reforma de la ley de Glaciares. Este recurso se presentó el martes en la Cámara Federal de Bahía Blanca, donde se solicita la revisión del rechazo judicial a la suspensión del nuevo régimen que afecta a la normativa ambiental vigente. La iniciativa busca frenar la aplicación de los cambios mientras se dirime el fondo del asunto, un tema que ha suscitado un intenso debate en la región.

En esta apelación, un conjunto de actores clave, que incluye al Estado provincial, la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, argumenta que el Juzgado Federal incurrió en un "error sustancial" al no considerar el impacto ambiental de la reforma. Los apelantes critican que la resolución no aplicó principios fundamentales del derecho ambiental, tales como el enfoque precautorio, el principio de prevención y el de no regresión. Estos principios son cruciales para la protección de los recursos naturales y la preservación de los ecosistemas.

El recurso también expresa una postura institucional firme en defensa de los glaciares, resaltando que, cuando se trata de agua, medio ambiente y los derechos de las generaciones presentes y futuras, el Estado debe utilizar todas las herramientas legales disponibles. Los firmantes de la apelación subrayan que la lucha por la protección de los ríos y glaciares es parte de una historia de resistencia y compromiso con el medio ambiente en la provincia. Este hecho refleja una preocupación más amplia sobre la sostenibilidad de los recursos hídricos y la gestión ambiental en Argentina.

Uno de los puntos más controvertidos que se mencionan en la apelación es el criterio que utilizó el juez para determinar el "peligro en la demora". Según los demandantes, al aplicar la nueva normativa, el riesgo no se limita a un daño ambiental ya consumado, sino que se extiende a la posibilidad de que se tomen decisiones futuras bajo estándares de protección más laxos. Esto podría abrir la puerta a autorizaciones y actividades que comprometan aún más el estado de los glaciares, lo cual es motivo de gran preocupación para los ambientalistas y la comunidad en general.

Además, los apelantes advierten que la exigencia de demostrar un perjuicio inmediato y claramente individualizado podría hacer que cualquier resolución judicial sea ineficaz. Esto se debe a que los daños ambientales podrían ya estar consolidados o ser difíciles de revertir en el momento en que se resuelva el caso. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de actuar ante cualquier cambio normativo que pueda afectar el equilibrio ecológico.

Finalmente, la apelación también impugna la conclusión de que no existe "verosimilitud del derecho" en la demanda. Los apelantes argumentan que la reforma en cuestión reduce significativamente la protección de los glaciares, debilita el papel del Inventario Nacional de Glaciares y otorga mayor discrecionalidad en la autorización de actividades que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Este cambio en la legislación representa un retroceso en la protección de los recursos naturales, algo que debería ser motivo de alarma para todos aquellos que valoran la conservación del medio ambiente.