Este martes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dio un paso significativo en su plan de concesionar los medios públicos, al abrir los sobres de la licitación que comenzó en marzo. En esta ocasión, se conocieron las ofertas para el Canal de la Ciudad, donde se presentaron dos propuestas, mientras que el proceso para las dos emisoras de radio resultó desierto, lo que obligará a una nueva convocatoria. En un contexto marcado por la tensión entre el Gobierno y los trabajadores del sector, la Justicia rechazó un amparo que buscaba frenar este proceso de gerenciamiento, aunque los empleados planean apelar esta decisión.

El 7 de mayo fue la fecha límite para que las empresas interesadas presentaran sus propuestas, y este martes, a las 11 de la mañana, la Dirección General de Concesiones y Permisos reveló los nombres de los oferentes que cumplieron con los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones. La licitación fue impulsada por el jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, y el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo. En total, cinco empresas se presentaron para la concesión del Canal de la Ciudad, aunque solo dos lograron cumplir con los criterios exigidos.

Las ofertas que quedaron en la mesa fueron las de Cale Group Media, liderado por Augusto Mariani, que presentó una propuesta de $50 millones, y Argentinos Media de Marcelo González, con una oferta de $15 millones. Estos montos se refieren a los pagos mensuales que se realizarían por la gestión de la programación de la televisión pública porteña. Sin embargo, la situación fue diferente para las emisoras AM 1110 (La Once Diez) y FM 92.7 (La 2x4), donde el Gobierno de la Ciudad especificó que no hubo ofertas, lo que obligará a un nuevo proceso de licitación.

La AM 1110, que es una de las estaciones de radio que el Gobierno pretende concesionar, se encuentra en el centro del debate sobre la delegación de licencias en el espectro radioeléctrico. Jorge Macri, titular del Gobierno porteño, se mostró firme en su decisión de continuar con la concesión, a pesar de las advertencias emitidas por el interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), quien señaló que las licencias son indelegables, de acuerdo con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Este aspecto ha generado una controversia importante, ya que las frecuencias son parte del espectro administrado por el Estado Nacional y fueron otorgadas a la Ciudad.

Macri, al ser consultado sobre la posibilidad de frenar el proceso, enfatizó que se avanzará con la licitación del gerenciamiento operativo de la televisión y radio de la Ciudad. Su argumento se basa en la premisa de que no es apropiado utilizar los impuestos de los vecinos para financiar servicios que pueden ser gestionados por el sector privado sin costo para los ciudadanos. Esta declaración tiene un eco significativo entre sus electores, especialmente en un contexto donde se cuestiona constantemente el uso de los recursos públicos.

La intención del Gobierno de la Ciudad es clara: buscar una gestión más eficiente y menos costosa de los medios públicos. Sin embargo, esta estrategia enfrenta la resistencia de los trabajadores del sector, quienes ven en la concesión una amenaza a sus empleos y a la calidad de los contenidos ofrecidos. La disputa entre el Gobierno y los empleados de medios públicos no solo es una cuestión de gestión, sino que también toca temas más profundos sobre el acceso a la información y la diversidad de voces en los medios.