El Parlamento de Azerbaiyán ha tomado la decisión de interrumpir su colaboración con la Eurocámara, una medida que se produce en respuesta a una reciente resolución emitida por el Parlamento Europeo. Esta resolución, aprobada el jueves pasado, ha generado un fuerte descontento en Bakú, que ha llevado a las autoridades azeríes a convocar a la embajadora de la Unión Europea en el país, Marijana Kujundzic, para expresar su firme rechazo a las críticas contenidas en el documento.
La decisión del Parlamento azerí de cortar la cooperación con el Parlamento Europeo incluye la suspensión de su participación en la Comisión de Cooperación Parlamentaria entre la UE y Azerbaiyán. Según información de la agencia estatal Azertag, esta medida se justifica por las actividades que Bakú considera antiazeríes, y se traduce en la retirada de la delegación azerí de las actividades del organismo europeo.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán se ha emitido un comunicado en el que se condena la resolución del Parlamento Europeo, la cual califica de "infundada y sesgada". En este marco, el ministerio sostiene que el documento distorsiona la realidad y contraviene los principios de objetividad, así como las obligaciones de respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados.
El comunicado también destaca que esta postura adoptada por el Parlamento Europeo afecta negativamente el proceso de normalización en la región, así como la posibilidad de establecer buenas relaciones entre Azerbaiyán y la UE. Esto ocurre en un contexto donde el Parlamento Europeo ha criticado la detención de armenios en Nagorno Karabaj y otros actos de Bakú en la zona, la cual fue reintegrada a Azerbaiyán en 2023 tras una ofensiva militar.
El Ministerio de Exteriores azerí subraya que, a pesar del plan de reintegración presentado en 2023, que se alinea con la Constitución del país, la mayoría de los residentes armenios abandonaron la región de manera voluntaria. Esta afirmación contrasta con la narrativa de Ereván, que ha calificado la huida de los armenios como un acto de limpieza étnica, lo que ha intensificado las tensiones entre ambas naciones.
Además, el ministerio ha rechazado categóricamente las solicitudes de liberación de personas de origen armenio, que han sido presentadas como "prisioneros de guerra", argumentando que estas afirmaciones son "legalmente inaceptables". También se han descalificado las denuncias sobre la destrucción de patrimonio cultural y religioso armenio en Nagorno Karabaj, considerándolas "completamente infundadas e inaceptables".
La resolución del Parlamento Europeo, que respalda a Armenia, reafirma su apoyo a los derechos de los armenios en Nagorno Karabaj, incluyendo la protección de su identidad y patrimonio cultural. Se exige también que aquellos responsables de la destrucción de dicho patrimonio rindan cuentas y se condena la detención injusta de prisioneros de guerra armenios, pidiendo su liberación inmediata.
La situación en Nagorno Karabaj, un territorio de aproximadamente 4.400 kilómetros cuadrados en el Cáucaso Sur, se ha vuelto más compleja tras su reintegración en Azerbaiyán, que siguió a conflictos anteriores en 1998 y 2020. Esta historia de tensiones y conflictos ha generado un panorama complicado que afecta no solo a las relaciones bilaterales entre Azerbaiyán y Armenia, sino también a la dinámica de la política internacional en la región.
