En el ámbito de la modernización estatal, Argentina ha estado inmersa durante años en un intenso debate acerca de cómo integrar la tecnología en sus estructuras gubernamentales. Esta discusión se ha centrado en conceptos como la digitalización, inteligencia artificial y el manejo de datos, generando una especie de ilusión sobre la tecnología como la panacea para resolver problemas arraigados en la administración pública. Sin embargo, un reciente recorrido por las capitales bálticas de Helsinki y Tallin ofrece una lección crucial: la verdadera transformación no reside en la tecnología per se, sino en la construcción de confianza institucional.
Al llegar a Helsinki, lo que más sorprendió no fueron los avances tecnológicos visibles, como los sensores urbanos o los laboratorios de innovación, sino la sorprendente fluidez con la que se manejan los trámites. En este contexto, no existen las largas filas que caracterizan a muchos servicios públicos en otros países. Los ciudadanos no necesitan demostrar repetidamente su identidad o su situación ante distintas instituciones, ya que el Estado cuenta con la información necesaria en sus bases de datos. Esta ausencia de fricción en la interacción entre el ciudadano y el Estado es un indicativo de un sistema que prioriza la eficiencia y la confianza.
La diferencia fundamental entre el enfoque de gestión pública en Argentina y el de estos países radica en la estructura misma del sistema. Mientras que en Argentina la administración pública está organizada en compartimentos estancos, donde cada ministerio y secretaría opera de manera aislada, en los países bálticos se han desarrollado plataformas que fomentan la cooperación y la interoperabilidad entre diferentes organismos. Este enfoque colaborativo permite una gestión más efectiva y centrada en el ciudadano.
Un ejemplo emblemático de esta filosofía se encuentra en Tallin, donde la plataforma X-Road, que facilita el intercambio seguro de información entre entidades gubernamentales, fue objeto de un análisis profundo. Al preguntar sobre el tiempo requerido para su implementación, la respuesta fue esclarecedora: el sistema tecnológico se desarrolló en tres años, pero la construcción de confianza entre las instituciones llevó una década. Este dato resalta que la interoperabilidad no es solo un desafío técnico; es, ante todo, un reto político e institucional que requiere un cambio cultural radical.
Es fundamental que el Estado deje de ser un obstáculo para el ciudadano. El principio de Solicitud Única, vigente en Estonia, establece que ninguna entidad puede solicitar información que ya posee otra. Esta idea, aunque parece sencilla, plantea la necesidad de desmantelar las “islas burocráticas” y repensar la estructura del Estado, sus incentivos y los mecanismos de coordinación. La transformación hacia un sistema más eficiente requiere un cambio de mentalidad que priorice la colaboración y el servicio al ciudadano.
Esta visión se repitió a lo largo de mi viaje, especialmente en Forum Virium, la agencia de innovación de Helsinki. La experiencia adquirida allí demuestra que la innovación en el sector público no se basa únicamente en la adopción de tecnologías modernas, sino en la capacidad del sistema para experimentar, aprender y acumular conocimiento a lo largo del tiempo, independientemente de los cambios en el gobierno. Esta lección se alinea con la propuesta que hemos estado desarrollando para la Provincia de Buenos Aires, que busca implementar ciudades-laboratorio y sandboxes regulatorios en el marco del proyecto ECO-05, con el objetivo de fomentar un entorno propicio para la innovación y el desarrollo sostenible.
