La justicia argentina ha emitido un fallo significativo a favor de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), frenando la implementación de despidos y la reestructuración en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Esta decisión se produce en respuesta a una acción de amparo presentada por ATE, que evidenció la preocupación por la Resolución 42/26, la cual contemplaba la reducción de más de 900 servicios técnicos y, según el sindicato, amenazaba con provocar numerosos despidos.
El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien dirige el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, fue el encargado de dictar esta resolución. En su fallo, el magistrado ordenó al INTI que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo relacionado con la Resolución 42/26. Esta medida judicial incluye la prohibición de realizar despidos, transferencias de personal o modificaciones en las funciones de los trabajadores, así como el movimiento de equipamiento técnico que pudiera implicar reubicaciones o el desmantelamiento de servicios.
Una de las partes más relevantes del fallo es la exigencia de garantizar la “ocupación efectiva” de todos los empleados afectados, asegurando que se mantengan sus categorías, salarios y condiciones laborales tal como estaban vigentes hasta el 14 de abril de 2026. Esta medida es considerada un respaldo importante para los trabajadores, quienes temían por su estabilidad laboral ante la implementación de políticas de ajuste y recortes.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, celebró públicamente la decisión judicial, destacándola como “un histórico triunfo para los estatales”. En sus redes sociales, Aguiar expresó su satisfacción y enfatizó que este fallo representa un avance en la lucha contra los despidos considerados ilegales y la fragmentación del estado. “Lo dijimos mil veces: no se puede gobernar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional”, afirmó el dirigente sindical.
El contexto de esta decisión se inscribe en un marco más amplio de tensiones laborales en el sector público, donde las políticas de ajuste han generado un clima de incertidumbre y descontento entre los trabajadores. La resolución del juez no solo frena el avance de la reestructuración en el INTI, sino que también sirve como un mensaje claro sobre la importancia de respetar los derechos laborales y las normativas vigentes.
La lucha de ATE por la defensa de los derechos de los trabajadores del INTI no es un hecho aislado, sino parte de una serie de movilizaciones y reclamos en el sector público argentino en los últimos años, donde se han evidenciado intentos de desmantelar organismos estatales y reducir la plantilla de empleados. Este fallo judicial podría marcar un precedente en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores estatales, impulsando un cambio en la forma en que se llevan a cabo las políticas de ajuste en el país.
