La inteligencia artificial ha comenzado a tener un papel protagónico en el ámbito judicial, no solo como herramienta de apoyo para abogados y jueces, sino también como un factor que influye en conflictos legales concretos. Esta situación abre un debate jurídico que promete ser relevante en los próximos años, especialmente en lo que respecta a la regulación tecnológica y la práctica profesional.
En marzo de 2026, la aseguradora Nippon Life Insurance Company of America presentó una demanda en un tribunal federal de Illinois contra OpenAI, la compañía desarrolladora de ChatGPT. Esta demanda es notable, ya que argumenta que la inteligencia artificial habría intervenido en un litigio, proporcionando análisis jurídicos, generando argumentos y creando borradores de documentos que se incorporaron en un expediente judicial.
El litigio en cuestión surgió de un caso común, donde una exempleada demandó a la aseguradora por la anulación de un beneficio de incapacidad laboral. A pesar de que el caso concluyó con un acuerdo homologado, la demandante decidió cuestionar dicho acuerdo posteriormente. Según la demanda, utilizó ChatGPT para examinar el expediente y evaluar la actuación de sus abogados, lo que condujo a la reactivación del litigio y generó costos legales adicionales significativos. Este caso, más allá de su resultado, ha encendido un debate en varias jurisdicciones sobre los límites del uso de la inteligencia artificial en el asesoramiento legal.
Iniciativas legislativas ya están en marcha, como un proyecto en Nueva York que busca restringir el uso de inteligencia artificial para brindar asesoramiento en áreas reguladas, como el derecho. En España, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid ha propuesto considerar la prestación automatizada de asesoramiento jurídico como una forma de intrusismo profesional. Este debate no debe verse como un intento de prohibir la inteligencia artificial, sino como una oportunidad para entender sus límites y los riesgos asociados a su uso inapropiado.
